Medidas contra tráfico de migrantes: paso firme y desafío

maxwell reyes

La lucha contra el tráfico de migrantes: un paso valiente ante una herida profunda

Maxwell Reyes

Santiago.-La reciente emisión de la Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes por parte de la procuradora Yeni Berenice Reynoso marca un punto de inflexión en la respuesta del Estado dominicano ante uno de los fenómenos criminales más graves y complejos de nuestra época.

No se trata solo de una medida administrativa más: es el reconocimiento explícito de que, dentro de nuestras propias instituciones, existen grietas profundas que amenazan la seguridad nacional.

Durante años, el tráfico ilícito de migrantes ha operado a la sombra de las debilidades institucionales, amparándose en la corrupción de funcionarios públicos, militares y agentes de seguridad.

La orden de dar máxima prioridad a las investigaciones donde haya indicios de complicidad oficial, así como la instrucción de suspender de manera inmediata a los implicados, demuestra una valentía política que no podemos subestimar.

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Aceptar el problema es el primer paso para solucionarlo.

El contenido de la nueva instrucción no solo visibiliza la magnitud del desafío, sino que revela la cruda realidad: nuestras fronteras no solo están amenazadas desde fuera, sino también desde dentro, por redes delictivas que combinan logística sofisticada, lavado de activos y corrupción endémica.

Reconocer este nivel de vulnerabilidad, en un contexto donde muchas veces se prefiere barrer el polvo bajo la alfombra, constituye un gesto de madurez institucional.

No obstante, las medidas anunciadas también dejan en evidencia los puntos de dolor que arrastramos como país:

  • Fragilidad operativa previa: la creación de una nueva unidad élite con tecnología de punta sugiere que, hasta ahora, las capacidades de investigación y persecución eran insuficientes.
  • Corrupción estructural: el hecho de que se prevean sanciones internas urgentes habla de una contaminación significativa dentro de los cuerpos encargados de velar por la ley.
  • Pérdida de confianza ciudadana: abrir este debate público puede ahondar la desconfianza en las instituciones si no se acompaña de resultados visibles.
  • Presión internacional: el cumplimiento de tratados internacionales se vuelve urgente ante una comunidad global que observa cada paso que damos en materia de derechos humanos y seguridad migratoria.
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En este escenario, la instrucción de Yeni Berenice es más que pertinente: es imprescindible. Pero para que estas medidas no queden en simples declaraciones, será necesario un compromiso genuino de todo el aparato estatal: desde la voluntad política de las más altas esferas hasta la integridad de los agentes que estarán en el terreno.

La creación de la Unidad de Investigación Especial (UITIMC) bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dotada de tecnología de última generación, protocolos éticos estrictos y formación continua, ofrece una luz de esperanza. La promesa de estándares internacionales para su funcionamiento, y de evaluaciones constantes para garantizar su idoneidad, son señales positivas de que se busca construir una respuesta sostenible y no solo reactiva.

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Sin embargo, la historia reciente nos enseña que el crimen organizado no se derrota solo con buenas intenciones. Se necesita blindar a las nuevas unidades contra las mismas corrupciones que asolaron a las anteriores, garantizar la independencia del Ministerio Público frente a presiones políticas y, sobre todo, sostener la voluntad de actuar más allá de los titulares de prensa.

Hoy, República Dominicana enfrenta una encrucijada: o damos paso a una transformación real en materia de control migratorio y combate al crimen organizado, o seguimos repitiendo ciclos de fragilidad y escándalos.

La procuradora ha dado el primer paso correcto. Ahora, como sociedad, corresponde exigir, acompañar y vigilar que esta lucha no quede truncada.

Porque defender nuestras fronteras no solo significa proteger los límites geográficos: significa proteger la integridad de nuestras instituciones y el futuro de nuestra democracia.

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