Medidas cautelares impuestas a diácono por abuso infantil
El diácono Cirilo Torres es acusado de abusar de un menor de 13 años
En un reciente fallo judicial que ha conmovido a la comunidad de Santiago Rodríguez, en República Dominicana, el juez Pablo Imbert ha dictaminado arresto domiciliario y una garantía económica de un millón de pesos contra el diácono Cirilo Torres, conocido como Negro.
Este veredicto surge ante las graves acusaciones de violación sexual contra un niño de 13 años, un caso que ha despertado indignación y preocupación por la seguridad de los menores en la región.
El caso tomó un giro decisivo cuando la jueza Wanda Iluminada Vargas, perteneciente al Tribunal de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago Rodríguez, se abstuvo de continuar con el proceso, pasando la responsabilidad al juez Imbert.
Esta medida de coerción se establece en un intento por asegurar la comparecencia del diácono ante la justicia, mientras se lleva a cabo la investigación y el proceso judicial correspondiente.
Acusación contra el diácono
El Ministerio Público ha sido firme en su acusación contra Torres, solicitando inicialmente la prisión preventiva como medida cautelar. El diácono es señalado de infringir el artículo 396 de la Ley 136-03, relativa a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como varias disposiciones del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que abordan la gravedad de los delitos sexuales contra menores.
Los hechos denunciados ocurrieron en la localidad de El Cerrazo, municipio de San Ignacio de Sabaneta, donde el imputado habría cometido abusos sexuales reiterados contra el menor, aprovechándose de su vulnerabilidad al ofrecerle dinero y dulces a cambio de favores sexuales. La gravedad de la situación se acentúa con las declaraciones del menor, quien, tras ser evaluado por el Departamento de Psicología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la Unidad de Violencia de Valverde, relató cómo era abusado sexualmente y amenazado por el diácono.
Este caso pone de manifiesto la necesidad imperiosa de reforzar las medidas de protección hacia los menores y de asegurar un sistema de justicia eficaz que no solo castigue a los culpables sino que también ofrezca apoyo y reparación a las víctimas de tales atrocidades. La comunidad de Santiago Rodríguez, y por extensión toda la sociedad dominicana, se encuentra en un momento crucial para reflexionar sobre las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro para todos los niños, niñas y adolescentes.
