Hacker Oso Negro enfrenta 3 meses de prisión preventiva

Hacker Oso Negro enfrenta 3 meses de prisión preventiva

Oso Negro es imputado de abuso de información privilegiada y ataques cibernéticos en Contrataciones Públicas

SANTO DOMINGO, República Dominicana — La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto una medida de tres meses de prisión preventiva contra Ronald Familia Frías, conocido por el alias «Oso Negro».

El Ministerio Público lo acusa de haber cometido múltiples delitos de alta tecnología, incluyendo acceso ilícito y sabotaje a la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante el uso indebido de información privilegiada tras su desvinculación de dicha entidad.

Detalles de la acusación

El imputado, dice el Ministerio Público que ocupó el cargo de encargado de medios hasta agosto de 2023, es señalado por haberse infiltrado en las redes sociales de la institución el pasado 10 de abril, utilizando su conocimiento interno para manipular y chantajear a la institución.

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Según el Ministerio Público, Familia Frías ha violado los artículos 6, 10, 11, 16 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Evidencias presentadas

En la audiencia, el tribunal revisó pruebas sustanciales que incluyeron testimonios de investigadores de delitos informáticos y certificaciones que corroboran la relación laboral previa del acusado con la institución.

Asimismo, se presentaron órdenes judiciales que resultaron en el arresto del imputado y la incautación de dispositivos electrónicos y tarjetas bancarias vinculadas a los delitos.

Implicaciones del caso

La decisión de aplicar prisión preventiva responde a la gravedad de los delitos, el potencial riesgo de fuga y la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial en curso. Este caso pone de manifiesto los riesgos asociados al manejo de información sensible dentro de las instituciones estatales y la importancia de salvaguardar las estructuras de datos contra vulnerabilidades internas.

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Este caso continúa desarrollándose y representa un importante recordatorio de la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad cibernética en las entidades gubernamentales para prevenir el abuso de información y asegurar la confiabilidad y transparencia en la gestión pública.

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