Extorsión a migrantes haitianos en RD: Una práctica alarmante

De agosto del 2016 a agosto del 2017 han sido deportados más de 45 mil extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular. La Dirección General de Migración (DGM) informó que el Estado dominicano ha invertido 139, 786,292.30 millones de pesos en las deportaciones realizadas durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 a agosto de 2017. De acuerdo a un informe de la institución de ese total fueron invertidos más de 132, 381, 241.40 millones de pesos en repatriaciones por la vía terrestre representando un promedio de 3 mil 721.98 por cada persona devuelta a su país de origen. El informe de la DGM establece además que las deportaciones por la vía área representaron para la institución un gasto de 7, 405, 050.92 pesos, siendo el promedio por persona de 20 mil 232 pesos con 38 centavos. La institución indica además que durante el referido período fueron repatriados por la vía terrestre 44 mil 971 extranjeros que se encontraban en situación irregular en la República Dominicana y también fueron deportados 366 por la vía área. Los deportados provienen de 37 países siendo la mayoría de Armenia, Afganistán, Cuba, Colombia, China, India, Estados Unidos, Haití, Venezuela y Rusia. Conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley General de Migración, el director de la institución está facultado para ordenar la deportación de un extranjero cuando haya ingresado de manera clandestina o ilegal a territorio dominicano, entrara con documentos falsos, permanezca en el país vencido el plazo de permanencia autorizada así como por otras irregularidades indicadas en la referida ley.

Los haitianos denuncian como son extorsionados

Por Maxwell Reyes

La creciente complejidad en la situación de los haitianos indocumentados en República Dominicana ha alcanzado nuevos niveles de preocupación, sobre todo en lo que respecta a los operativos de migración.

En un contexto marcado por el desafío y la búsqueda de oportunidades, estos migrantes enfrentan ahora una barrera adicional: la extorsión por parte de las autoridades encargadas de regular su estatus migratorio.

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Las recientes denuncias ponen en relieve prácticas alarmantes que socavan los derechos y la dignidad de esta comunidad vulnerable.

Extorsión en el proceso de detención

Las denuncias más alarmantes provienen directamente de los afectados, quienes relatan cómo, tras ser aprehendidos en redadas por su condición de indocumentados, se convierten en víctimas de exigencias económicas desorbitadas.

La práctica consiste en presionar a estos migrantes para que contacten a sus familiares y allegados con el fin de reunir sumas de dinero que les permitan recuperar su libertad.

Los montos exigidos varían ampliamente, desde los 2,000 hasta los 16,000 pesos dominicanos, cifras que para muchos representan un obstáculo insuperable dada su precaria situación económica.

Impacto en la comunidad haitiana

Este fenómeno no solo representa una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también profundiza la vulnerabilidad de la comunidad haitiana en República Dominicana.

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Al obligar a los migrantes a pagar por su liberación, se les somete a un ciclo de endeudamiento y precariedad que afecta no solo a los individuos directamente implicados, sino también a sus familias y comunidades.

Esta situación contribuye a la perpetuación de un entorno de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades, complicando aún más los esfuerzos por integrar de manera efectiva a estos migrantes en la sociedad dominicana.

Llamados a la acción y responsabilidad

Ante este panorama, es imperativo que las autoridades dominicanas tomen medidas concretas para investigar y sancionar las prácticas de extorsión reportadas.

La creación de mecanismos de denuncia accesibles y seguros para los migrantes es fundamental para garantizar la protección de sus derechos y promover un trato digno.

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Asimismo, se requiere de un esfuerzo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y la comunidad internacional para abordar las causas subyacentes de la migración irregular y buscar soluciones sostenibles que respeten los derechos humanos.

La situación de los haitianos indocumentados en República Dominicana es un recordatorio de la necesidad urgente de políticas migratorias justas y humanitarias.

La lucha contra la extorsión y la explotación de migrantes debe ser una prioridad para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Solo mediante el compromiso y la acción colectiva podremos aspirar a un futuro en el que la dignidad y los derechos de los migrantes sean plenamente reconocidos y protegidos.

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