Jorge Prats: independientes no ponen en riesgo a partidos

Administrator enero 5, 2025 9 min de lectura

Jorge Prats sostiene que la introducción de candidaturas independientes enriquecerá la oferta electoral

Santo Domingo.-El abogado constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional que avala las candidaturas independientes no compromete la primacía de los partidos políticos en la articulación de la voluntad popular.

A su juicio, esta medida, dictada a finales de 2024, fortalecerá la representación democrática y motivará a las organizaciones partidarias a presentar mejores candidatos, al tiempo que advierte sobre la aplicación “automática” de la prisión preventiva en el sistema de justicia dominicano.

Candidaturas independientes y rol de los partidos

Jorge Prats sostiene que la introducción de candidaturas independientes enriquecerá la oferta electoral, obligando a las formaciones políticas a mejorar sus propuestas. Durante una entrevista concedida al programa televisivo Esferas de Poder, transmitido los domingos por RNN Canal 27, enfatizó que esta innovación no representa una amenaza para los partidos, sino más bien un impulso a la competitividad y a la calidad de los candidatos.

Según el jurista, la sentencia del Tribunal Constitucional que permite las candidaturas fuera de la estructura de los partidos se inscribe dentro de un conjunto de decisiones trascendentales, orientadas a consolidar la democracia dominicana. En sus palabras:

“Esto va a obligar a que los partidos integren fuerzas sociales al interior de sus formaciones y presenten mejores candidatos”.

Asimismo, recordó la opinión de Eddy Olivares, considerado uno de los expertos más sólidos en derecho electoral dominicano, quien ve la decisión como un paso positivo que no merma la posición dominante de los partidos políticos dentro de la dinámica electoral.

Defensa de los partidos y necesidad de regulación

Pese a defender la figura de los partidos políticos como ejes centrales del proceso democrático, Jorge Prats subraya la importancia de que estos se sometan a controles y normas jurídicas. El también experto en derecho constitucional detalla que él mismo, en varias ocasiones, ha asumido la defensa de candidatos o precandidatos que han enfrentado procesos internos irregulares. Para él, la “domesticación jurídica” de los partidos comenzó con la promulgación de la Ley Electoral, la Ley de Partidos y la creación del Tribunal Superior Electoral.

El catedrático explica que la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional (TC) autoriza a dicha corte a invalidar preceptos inconstitucionales y a fijar interpretaciones jurídicas que garanticen el respeto a la Constitución. Asegura que la interpretación del TC sobre las candidaturas independientes es clara:

“Para que un candidato sea independiente, tiene que ser realmente independiente, sin que la ley le obligue a estar adscrito a un partido”.

Un Tribunal Constitucional más activo

Jorge Prats considera que, desde 2010, el Tribunal Constitucional dominicano ha asumido un rol más amplio que el de mero intérprete de la Carta Magna, transformándose a veces en un “legislador positivo”. Para fundamentar este punto, recuerda que en los últimos doce años, la Alta Corte ha emitido varias “sentencias exhortativas” que no siempre han recibido el seguimiento legislativo adecuado.

La sentencia que permite las candidaturas independientes se suma a otras decisiones que, según el jurista, delinean un Tribunal Constitucional cada vez más firme en la protección de los valores democráticos. Entre ellas, destaca la anulación de la Ley 1-24 sobre el DNI y la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Procesal Penal, todas dictadas a finales de 2024.

El entrevistado subraya que la función del Congreso sigue siendo primordial, pues puede redactar nuevas leyes que cumplan los parámetros constitucionales establecidos por la corte. Bajo estos parámetros, se abre la puerta a candidaturas independientes que no socaven el andamiaje partidario, considerado por Jorge Prats como la base de la democracia dominicana.

Advertencia sobre la prisión preventiva

En otro apartado de la entrevista, Jorge Prats mostró preocupación por la práctica de imponer la prisión preventiva de manera automática en los tribunales del país, en violación a la Constitución. Para el experto, esta tendencia se asemeja a la “prisión automática” introducida en la legislación mexicana, generando una “alianza diabólica” entre justicia, prensa y Ministerio Público que, en su opinión, resulta perjudicial para la presunción de inocencia.

“Los jueces dicen que sin presos no hay procesos y además no están en capacidad de resistir la presión mediática, porque hay una alianza diabólica: prensa, justicia, Ministerio Público”,
indicó el jurista, añadiendo que en estos casos el acusado enfrenta al juez, al fiscal, a la víctima, a la prensa y a la acusación civil, quedando prácticamente sin defensa efectiva.

Jorge Prats resalta que la prisión preventiva debería usarse únicamente cuando exista peligro de fuga o cuando el acusado represente un peligro para la integridad de la prueba. Sin embargo, considera que en la práctica dominicana, ante cualquier acusación, la respuesta más común de los jueces es enviar a los imputados a prisión.

Consecuencias de la prisión automática

La generalización de la prisión preventiva, advierte Jorge Prats, afecta desproporcionadamente a personas de escasos recursos, con pocos contactos y sin la capacidad económica para costear una buena representación legal. Además, menciona que los jueces rara vez optan por medidas menos drásticas, como la fianza, el grillete electrónico o el arresto domiciliario, a pesar de que estas están contempladas en la ley.

“Uno de los grandes problemas es que aquí las medidas de coerción se imponen automáticamente y de todo el menú…, lo único que se impone es prisión preventiva”,
asegura el jurista, lamentando que opciones alternativas sean prácticamente ignoradas.

Reforma del Código Procesal Penal y el espíritu garantista

La anulación de la Ley 10-15, relacionada con modificaciones al Código Procesal Penal, representa una oportunidad para introducir cambios que refuercen las garantías procesales. Sin embargo, Jorge Prats muestra escepticismo ante la posibilidad de que las nuevas leyes sean más garantistas, dada la tendencia al populismo penal y al autoritarismo en asuntos de política criminal.

Bajo este panorama, el experto sugiere que los jueces pasen una especie de “pasantía” o práctica profesional en la cárcel de La Victoria, para que conozcan de primera mano las condiciones de vida a las que están sometiendo a los imputados. Esta medida, argumenta, permitiría a los magistrados comprender las consecuencias humanas de la prisión preventiva y optar por aplicar otras medidas cautelares cuando corresponda.

Contexto y fondo de la noticia

El debate sobre las candidaturas independientes en la República Dominicana cobra importancia en el marco del fortalecimiento institucional que ha experimentado el país en la última década. La introducción de leyes como la Ley 137-11, que otorga mayores facultades al Tribunal Constitucional, y la creación del Tribunal Superior Electoral, han modificado sustancialmente el panorama político-legal.

En el pasado, los partidos políticos ejercían un control prácticamente absoluto sobre la oferta electoral, siendo muy difícil para un ciudadano sin afiliación partidaria competir en igualdad de condiciones. Con la reciente decisión del Tribunal Constitucional, la escena cambia hacia un modelo más inclusivo y plural, aunque sin descartar el papel preponderante que siguen teniendo las organizaciones partidarias.

Por otra parte, la discusión sobre la prisión preventiva no es nueva en el país. Desde la reforma del Código Procesal Penal en 2002, se buscaba que la medida cautelar carcelaria fuera excepcional. Sin embargo, la realidad en los tribunales ha demostrado que, a menudo, se convierte en la primera opción para los jueces, motivados por la presión mediática y social. Se ha señalado, en múltiples foros, que esta situación contribuye al hacinamiento en las prisiones y favorece la marginación de grupos vulnerables.

La combinación de ambos temas –candidaturas independientes y uso excesivo de la prisión preventiva– plantea retos y oportunidades para el futuro de la justicia y la democracia dominicanas. Por un lado, se impulsa una mayor participación ciudadana en la contienda electoral; por el otro, se pone a prueba el respeto a los derechos fundamentales de los individuos en los tribunales.

La posición de Eduardo Jorge Prats sobre la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional muestra un horizonte complejo pero esperanzador para la democracia en la República Dominicana. Por un lado, la posibilidad de candidaturas independientes puede revitalizar el debate político, forzando a los partidos a demostrar más transparencia y calidad en sus procesos internos. Por otro lado, su preocupación por la imposición “automática” de la prisión preventiva sirve como llamado de atención a las autoridades, para que recuerden que la justicia debe ser equilibrada y no vulnerar el principio de presunción de inocencia.

El experto considera que el Tribunal Constitucional, al volverse más activo, actúa como un garante sólido de la Constitución y sus valores fundamentales. Aun así, este papel de “legislador positivo” requiere de la colaboración del Congreso para traducir las orientaciones constitucionales en leyes concretas que fortalezcan el sistema. La reforma del Código Procesal Penal, impulsada tras la anulación de la Ley 10-15, es una oportunidad de mejorar las garantías procesales y limitar el uso excesivo de la prisión preventiva.

En suma, la interacción entre candidaturas independientes y un sistema de justicia más garantista define la dirección que tomará la democracia dominicana en los próximos años. Aunque las sentencias del Tribunal Constitucional indican un avance, persisten desafíos estructurales que deben abordarse con voluntad política, transparencia y un genuino compromiso con los derechos humanos.