Aplazan conocimiento coerción implicados caso Agricultura

Aplazan conocimiento coerción implicados caso Agricultura

SANTO DOMINGO – La audiencia en el caso de desfalco contra Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, conocido como el «Desfalco del Ministerio de Agricultura», seguirá el sábado 22 de julio por la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Un caso de desfalco en el Ministerio de Agricultura

La jueza Ana Lee aceptó la petición de la defensa, que argumentó la necesidad de más tiempo para examinar las pruebas del caso. Ernesto Guzmán Alberto, el fiscal del caso, aclaró a los medios de comunicación que estamos frente a un considerable caso de desfalco que compromete la responsabilidad penal de los acusados.

“Estamos frente a un desfalco de gran magnitud, donde la responsabilidad penal de estos individuos está en juego. Hablamos de una cifra que supera los 3.8 millones de pesos, una cantidad que podría incrementar a medida que la investigación avanza», explicó el miembro del Ministerio Público.

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El modus operandi: Transferencias ilícitas

Según Guzmán Alberto, el desfalco se llevó a cabo a través de transferencias ilícitas utilizando la plataforma de NetBanking, asignada al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura, bajo el control de Julio Fernández, padre de Domínguez Solano, en ese momento.

«Los fondos eran transferidos desde la cuenta del Viceministerio a la de Elizondo, quien a su vez retribuía al hijo del viceministro», explicó sobre el esquema de sustracción de fondos.

El Ministerio Público, representado también por Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Yoneiby González y Aurelio Valdez, no descarta la posibilidad de que el alcance del caso pueda ampliarse con el desarrollo de la investigación.

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Petición de prisión preventiva

El representante del Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida cautelar para ambos acusados. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) llevó a cabo la investigación de la estafa de casi cuatro millones de pesos tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recibida del Ministerio de Agricultura.

Acusaciones formales y cargos

La Pepca presentó un documento de solicitud de coerción de 66 páginas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el mediodía del domingo. Domínguez Solano es acusado de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. También se le acusa de violar varias leyes, incluyendo la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Por su parte, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violar la Constitución de la República y varios artículos del Código Penal. Además, se le acusa de coautoría en los delitos tipificados en la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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