Dos personas acusados de desfalco en Ministerio de Agricultura

Dos personas acusados de desfalco en Ministerio de Agricultura

Investigación revela desvío de cerca de 4 millones de pesos en el Ministerio de Agricultura

SANTO DOMINGO (República Dominicana) – Este domingo, el Ministerio Público solcitó medidas de coerción, contra Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o el Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo, imputados de desfalco en el Ministerio de Agricultura.

Este caso forma parte de la investigación titulada «Desfalco del Ministerio de Agricultura». La investigación está centrada en procesar a los acusados por asociación de malhechores, desfalco y otros crímenes contra el estado.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha llevado a cabo la investigación de un fraude de cerca de cuatro millones de pesos, que se produjo tras la presentación de una denuncia por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental al recibir dicha denuncia del Ministerio de Agricultura.

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Desfalco, usurpación de funciones

Los fiscales de PEPCA presentaron la solicitud de coerción, compuesta por 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el domingo pasado al mediodía.

Las autoridades han señalado a Domínguez Solano como responsable de una serie de delitos, que incluyen la coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

Además, se le acusa de violar los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, relacionada con crímenes y delitos de alta tecnología, así como el artículo 66 de la Ley núm. 631-16, que regula el control y la regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

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Por otro lado, Antonio José Paredes Elizondo está siendo procesado por violar el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República y los artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, se le acusa de ser cómplice en las actividades delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, relacionada con crímenes y delitos de alta tecnología.

Como parte de la investigación, los fiscales encargados de la misma reunieron pruebas contundentes contra los acusados que actualmente se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

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