SANTO DOMINGO.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoró este lunes la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano, al considerar que fortalece las herramientas legales para prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos contra la administración pública.
La legislación fue promulgada el 3 de agosto de 2025 con un plazo de 12 meses para su aplicación, por lo que comenzó a regir este 3 de agosto de 2026. El Poder Ejecutivo presentó la reforma como la sustitución del régimen penal vigente desde 1884 y como una actualización de las respuestas frente a nuevas modalidades delictivas.
Nuevas herramientas contra la corrupción
ADOCCO afirmó que el nuevo Código Penal amplía las posibilidades de persecución de conductas que afectan los recursos del Estado y refuerza la responsabilidad de funcionarios, servidores públicos, particulares y empresas vinculados con posibles actos de corrupción.
Entre las figuras destacadas por la organización se encuentran la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la malversación de fondos públicos, el peculado y la sobrevaluación ilegal en los procesos de contratación pública.
Según la entidad, esas infracciones estarán acompañadas de sanciones más severas, multas, decomiso de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas e inhabilitación para ocupar determinadas funciones públicas.
La organización sostuvo que estos mecanismos pueden contribuir a proteger el patrimonio estatal, siempre que sean aplicados de manera objetiva y no se utilicen con fines políticos, selectivos o contrarios a las garantías constitucionales.
Responsabilidad penal para empresas
ADOCCO resaltó especialmente la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a sus posibles consecuencias para empresas, asociaciones y otras organizaciones privadas.
La entidad explicó que una compañía podría enfrentar responsabilidad por determinadas infracciones cometidas en su nombre o beneficio, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación.
Ante este escenario, consideró necesario que las empresas adopten programas de cumplimiento normativo o compliance, códigos de ética, controles internos, canales de denuncia y procedimientos para identificar operaciones de alto riesgo.
Para ADOCCO, estas medidas ya no deben ser consideradas únicamente como buenas prácticas corporativas, sino como herramientas para reducir riesgos penales, administrativos y reputacionales.
Aplicación dependerá de las instituciones
La organización advirtió que la sola aprobación del Código Penal no garantiza una reducción automática de la corrupción administrativa.
A su juicio, los resultados dependerán del fortalecimiento técnico y presupuestario del Ministerio Público, los organismos de investigación, los tribunales, las unidades de control interno y las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
También señaló que las investigaciones deberán desarrollarse con independencia, objetividad y respeto al debido proceso, tanto para evitar la impunidad como para impedir acusaciones carentes de pruebas suficientes.
La aplicación de la Ley 74-25 se inicia en medio de debates jurídicos y acciones directas de inconstitucionalidad presentadas contra diferentes artículos del nuevo Código Penal ante el Tribunal Constitucional.
ADOCCO respalda revisión técnica
ADOCCO reiteró su respaldo a la creación de una comisión técnica que evalúe la aplicación práctica del Código Penal.
Esa instancia, según la organización, permitiría identificar dificultades interpretativas, contradicciones, vacíos normativos y oportunidades de mejora surgidas durante los primeros meses de implementación.
La entidad entiende que cualquier eventual modificación debe sustentarse en evidencia, experiencia judicial y consultas con especialistas, instituciones públicas, organizaciones sociales y sectores relacionados con la administración de justicia.
Anuncian seminario sobre el Código Penal
Como parte de sus actividades de formación ciudadana, ADOCCO anunció el primer Seminario Nacional “Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción”.
El encuentro se celebrará en septiembre de 2026 en Santo Domingo y reunirá a especialistas para examinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento, la protección de la libertad de expresión y los nuevos mecanismos anticorrupción.
La organización exhortó a las instituciones estatales, las empresas, la sociedad civil y la ciudadanía a estudiar el contenido de la Ley 74-25 y dar seguimiento a su aplicación.
ADOCCO sostuvo que la transparencia y el Estado de derecho no dependen únicamente de la existencia de nuevas leyes, sino también de instituciones capaces de aplicarlas con independencia y de una ciudadanía informada.
