SAN FRANCISCO DE MACORÍS, (Noticia.do).– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte impuso el viernes 13 de noviembre de 2026 una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del municipio a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por un presunto plan para atentar contra el presidente Luis Abinader.
La decisión fue adoptada por el juez Wilton Oniel Peguero, quien no acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, institución que procesa al imputado bajo una calificación jurídica de terrorismo, según el comunicado oficial difundido el viernes.
El tribunal también dispuso que De la Cruz Sosa permanezca bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses, mientras continúa el proceso judicial.
¿Qué medidas de coerción impuso el tribunal?
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado deberá cumplir cuatro disposiciones:
- Depositar una garantía económica de RD$1 millón en efectivo.
- Presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público.
- No salir del municipio de San Francisco de Macorís.
- Permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses.
El fiscal Engels Luis Polanco representó al órgano persecutor durante la audiencia.
La decisión permite que el proceso continúe sin imponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Las medidas de coerción tienen carácter cautelar y no constituyen una sentencia condenatoria.
Según Diario Libre, el representante del Ministerio Público explicó que De la Cruz Sosa podría recuperar su libertad una vez depositada la garantía económica y cumplidas las condiciones establecidas.
¿Qué investiga el Ministerio Público?
La investigación comenzó después de que organismos de inteligencia alertaran sobre presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público.
El imputado fue arrestado mediante orden judicial durante un allanamiento realizado en un apartamento del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, establecimiento ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde trabaja De la Cruz Sosa.
Durante las intervenciones fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados por los investigadores para determinar su posible relación con los hechos denunciados.
El Ministerio Público no detalló en su comunicado los resultados de los análisis de esas sustancias ni estableció que se hubieran ocupado explosivos funcionales.
En las diligencias participa la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación menciona un supuesto atentado para el 6 de noviembre
Uno de los elementos centrales del expediente es la referencia a un supuesto atentado contra el mandatario que, según la investigación presentada por las autoridades, habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026.
La solicitud judicial de allanamiento situaba el presunto plan en la sede del Congreso Nacional, en una fecha coincidente con la conmemoración del Día de la Constitución.
Esa referencia forma parte de la hipótesis investigativa del Ministerio Público y no demuestra por sí misma que existiera un plan operativo capaz de ejecutarse.
La investigación tampoco ha concluido con una sentencia que establezca responsabilidad penal contra De la Cruz Sosa.
El imputado había negado las acusaciones
El proceso judicial ha estado acompañado de reclamos de familiares y allegados del investigado.
Durante una comparecencia ante periodistas el 10 de noviembre, De la Cruz Sosa afirmó que su intención era convocar una protesta ciudadana para el Día de la Constitución, según declaraciones recogidas por Diario Libre.
La versión del imputado contrasta con la hipótesis de investigación presentada por el Ministerio Público, que mantiene abierto el caso.
La audiencia de medida de coerción había sido aplazada anteriormente. Noticia.do informó sobre el arresto y los allanamientos en San Francisco de Macorís el 3 de noviembre y posteriormente sobre la solicitud de prisión preventiva y el aplazamiento de la audiencia.
Investigación continúa abierta
Aunque el tribunal rechazó imponer prisión preventiva, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación por los hechos atribuidos al imputado.
La institución no informó en su comunicado si recurrirá la decisión judicial ni ofreció resultados definitivos de los análisis realizados a los materiales incautados.
Tampoco precisó si se han solicitado otras medidas judiciales relacionadas con el caso.
De la Cruz Sosa conserva su presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso y hasta que exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.
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