Abinader emite decreto deroga permisos aeropuerto

Administrator enero 6, 2024 2 min de lectura

Abinader emitió el decreto la tarde del viernes

SANTO DOMINGO: En un movimiento decisivo para la integridad del sistema legal dominicano, el presidente Luis Abinader ha anulado mediante decreto los permisos previamente otorgados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).

Esta acción sigue la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la ilegalidad del proyecto, considerándolo lesivo para el interés nacional.

La decisión presidencial revoca el decreto 270-20 del gobierno anterior, que había autorizado el proyecto a tan solo 23 días del cambio de administración. Esta medida se alinea con el fallo unánime de la Suprema Corte, que declaró el exceso del Ejecutivo en la emisión de dicho decreto.

El nuevo decreto, conocido como 2-24, refleja el compromiso de la administración Abinader con la legalidad y la transparencia, destacando la necesidad de procesos de licitación en proyectos de esta magnitud. Esta decisión sigue a la del Tribunal Superior Administrativo en 2021, que también había juzgado el proyecto como dañino para el interés público.

Abogado Miguel Valerio

Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, ha expresado su aprobación, enfatizando la importancia de este decreto en la consolidación de un sistema legal más robusto y la protección de los intereses nacionales.

La oposición al proyecto no se limitó al ámbito legal. La Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD) había expresado preocupaciones sobre posibles conflictos de tránsito aéreo. Además, los ambientalistas advirtieron sobre el impacto negativo en las reservas de agua potable de Higüey.

Economistas y dirigentes comunitarios también se mostraron críticos, cuestionando la rentabilidad del aeropuerto y los incentivos fiscales otorgados, así como la distribución equitativa de empleos.

Este decreto representa un paso significativo hacia la transparencia gubernamental y la justicia, reafirmando el compromiso de la actual administración con la legalidad y el interés público en la República Dominicana.