SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Virgilio Almánzar, denunció que detrás de algunas muertes registradas durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional podrían existir intereses relacionados con la demostración de resultados operativos, el presunto encubrimiento de vínculos entre agentes y organizaciones criminales y la apropiación de bienes.
Durante una entrevista televisiva, el defensor de los derechos humanos cuestionó los procedimientos policiales y sostuvo que las autoridades deben priorizar la prevención de la delincuencia y las investigaciones judiciales por encima de las respuestas exclusivamente represivas.
Las declaraciones constituyen señalamientos del dirigente y no conclusiones de una investigación judicial. En el material de la entrevista no se presentaron pruebas documentales que permitan establecer la existencia de esas prácticas en los casos mencionados.
Los tres motivos que denuncia Almánzar
Almánzar planteó que una primera motivación de las presuntas ejecuciones sería demostrar eficiencia ante los superiores policiales mediante resultados operativos.
Según su interpretación, algunos agentes podrían considerar que la muerte de personas perseguidas por delitos constituye una demostración de efectividad en la lucha contra la criminalidad.
Como segunda motivación, denunció la posibilidad de que algunas muertes busquen impedir que personas vinculadas a organizaciones criminales revelen presuntas relaciones de protección o complicidad con miembros de organismos de seguridad.
El dirigente también afirmó que una tercera motivación podría ser la apropiación de dinero, vehículos, motocicletas, prendas y otros objetos pertenecientes a personas fallecidas durante intervenciones policiales.
Estas acusaciones requieren investigaciones independientes para determinar si existen evidencias que las sustenten y establecer eventuales responsabilidades individuales.
Cuestiona el denominado Código 29
Durante la conversación, Almánzar expresó preocupación por la utilización de la expresión «Código 29» en mensajes relacionados con actuaciones policiales y supuestas amenazas de muerte contra personas perseguidas por la justicia.
El dirigente consideró que ningún ciudadano ni funcionario puede atribuirse facultades para decidir sobre la vida de una persona fuera de los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
El artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte.
En consecuencia, las actuaciones de los organismos de seguridad deben ajustarse al marco legal, independientemente de las acusaciones que pesen sobre una persona.
Almánzar cuestiona los resultados de la reforma policial
El presidente del CDDH también criticó los resultados de la reforma de la Policía Nacional, al considerar que los cambios visibles no se han traducido en una transformación suficiente de las prácticas institucionales.
«Ha cambiado el uniforme. La conducta sigue siendo la misma», expresó durante la entrevista.
Almánzar propuso ampliar la participación de organizaciones comunitarias, iglesias, universidades, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la propia institución policial en el diseño de las reformas.
También cuestionó la efectividad de las políticas preventivas dirigidas a jóvenes y reclamó una mayor articulación entre las instituciones educativas, las familias y los organismos responsables de prevenir la delincuencia.
Pide proteger a las familias de policías fallecidos
El dirigente rechazó que la defensa de los derechos humanos implique justificar las actividades delictivas o desconocer los riesgos que enfrentan los agentes policiales.
Recordó que su padre, un oficial de la Policía Nacional, murió en un enfrentamiento armado en 1972, experiencia que, según explicó, le permite comprender las consecuencias familiares de esas muertes.
Asimismo, reclamó mayores garantías de protección social para los familiares de policías fallecidos en servicio, particularmente en materia de cobertura médica, vivienda y pensiones.
Almánzar insistió en que la persecución de la delincuencia debe realizarse dentro del ordenamiento jurídico y acompañarse de políticas de prevención.
Sus denuncias sobre posibles irregularidades en intervenciones policiales requieren la correspondiente investigación de las autoridades competentes, así como la oportunidad de respuesta de las instituciones y personas señaladas.
