Tribunal Constitucional anula ley que reformaba el Código Procesal Penal: Impactos en la persecución penal

Maxwell Reyes diciembre 27, 2024 4 min de lectura

Inconstitucionalidad de la Ley 10-15 elimina 111 artículos del Código Procesal Penal

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana anuló la Ley núm. 10-15, una normativa clave en la reforma del Código Procesal Penal, debido a irregularidades en su procedimiento de aprobación.

Esta decisión elimina 111 de los 449 artículos del Código y restaura la vigencia de la Ley núm. 76-02 de 2002, generando un retroceso significativo en los derechos de las víctimas y en la persecución de delitos.

Resumen de la decisión del Tribunal Constitucional

La sentencia TC/0765/2024 declara la inconstitucionalidad de la Ley 10-15 por vicios de forma, señalando que su aprobación excluyó la participación de la Cámara de Diputados, violando el principio de bicameralidad y el artículo 76 de la Constitución.

El TC otorgó al Congreso Nacional un plazo de un año para elaborar una nueva normativa que subsane estos errores. Si no se cumple este plazo, la ley quedará sin efecto y se aplicará íntegramente la Ley 76-02.

Retrocesos en los derechos de las víctimas

La eliminación de la Ley 10-15 afecta profundamente los derechos de las víctimas en los procesos penales:

• Representación legal: Se elimina el derecho de las víctimas a ser representadas legalmente frente a delitos.
• Derecho a ser escuchadas: Las víctimas no podrán ser consultadas antes de decisiones que impliquen la suspensión o extinción de la acción penal.
• Asistencia técnica gratuita: Se suprime la asistencia legal gratuita para víctimas en situación económica precaria.
• Acción penal privada: Se elimina la posibilidad de presentar actos conclusivos o solicitar la declaratoria en rebeldía de imputados que no comparezcan al proceso.

Impactos en la acción penal

La anulación también afecta elementos fundamentales del sistema de justicia penal:

• Suspensión condicional del procedimiento: Ya no será posible revocar suspensiones condicionales en caso de incumplimiento.
• Imprescriptibilidad de crímenes graves: Crímenes como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pierden su carácter imprescriptible.
• Duración de los procesos: El plazo máximo de duración de los procesos se reducirá de cuatro a tres años, con limitaciones para extender los plazos.

Implicaciones en la cooperación internacional

La cooperación internacional sufre un revés significativo. La anulación del artículo 155 afecta la colaboración con autoridades extranjeras en la investigación y persecución de delitos.

Principales artículos afectados

• Artículo 27: Las víctimas pierden el derecho de presentar acciones legales privadas.
• Artículo 84: Se elimina la obligación de escuchar a las víctimas antes de decisiones cruciales.
• Artículo 100: Se restringe la posibilidad de declarar en rebeldía a imputados que eluden el proceso penal.
• Artículo 192: Se pierden las regulaciones sobre interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación, debilitando las herramientas investigativas.

Retrocesos en garantías procesales

El artículo 148, que reduce el plazo de duración de los procesos a tres años, podría generar un aumento en la mora judicial, dificultando la resolución efectiva de casos.

Asimismo, la exclusión del artículo 303 limita la facultad de los jueces para abrir juicios cuando la acusación cuenta con fundamentos sólidos.

Exhortación del Tribunal Constitucional

El TC instó al Congreso Nacional a actuar de manera inmediata para subsanar los errores formales y evitar que el vacío normativo afecte aún más la administración de justicia penal en el país.

La anulación de la Ley núm. 10-15 representa un desafío crítico para el sistema penal dominicano. Sin una pronta acción legislativa, la restauración de la Ley 76-02 generará retrocesos en la protección de los derechos de las víctimas, el manejo de los procesos penales y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.

El Congreso Nacional enfrenta ahora la responsabilidad de garantizar un marco legal que fortalezca el sistema de justicia y respalde los derechos fundamentales de la ciudadanía.