SIP denuncia amenaza a la libertad de prensa tras demanda de Trump contra el Des Moines Register

Maxwell Reyes diciembre 18, 2024 11 min de lectura

Miami.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su alarma y preocupación por la demanda presentada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario Des Moines Register y su empresa matriz, Gannett.

El recurso legal, presentado ante una corte en Iowa, alega fraude al consumidor por una encuesta publicada antes de las elecciones, en la que se proyectaba una ventaja de tres puntos para la demócrata Kamala Harris. La SIP advierte que este tipo de acciones legales podría intimidar a los medios y socavar la libertad de expresión.

La denuncia judicial, dada a conocer el 18 de diciembre de 2024, sostiene que la encuesta publicada por el Des Moines Register el 2 de noviembre habría constituido una “ficción de interferencia electoral”. Según los argumentos de la demanda, “millones de estadounidenses fueron engañados” por proyecciones que no coincidieron con el resultado final en Iowa, donde Trump obtuvo la victoria.

La acusación se sustenta en una ley estatal que penaliza el fraude al consumidor, un ángulo inusual para cuestionar la cobertura informativa del proceso electoral.

Postura de la SIP y declaraciones

La SIP, con sede en Miami, se pronunció de inmediato. Su presidente, José Roberto Dutriz, advirtió que cuestionar la función de los medios a través de pleitos judiciales con el propósito de intimidarlos “sienta un precedente peligroso y amenaza los valores fundamentales de la libertad de expresión”.

Dutriz, quien además preside y dirige el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, destacó que los medios independientes proporcionan información y análisis esenciales para que la ciudadanía forme criterios informados. Añadió que estas acciones contra el periodismo libre no solo afectan a un medio en particular, sino que socavan las bases democráticas.

Respuesta del Des Moines Register

Portavoces del diario estadounidense y su empresa matriz, Gannett, rechazaron la demanda. Lark-Marie Anton, vocera del Des Moines Register, señaló que la acusación “carece de fundamento”. Anton recordó que, tras conocerse la discrepancia entre las proyecciones y el resultado final, el medio publicó todos los datos completos del sondeo, incluyendo demografías, tablas cruzadas y detalles técnicos provistos por la encuestadora Ann Selzer.

Esta apertura de información, insistió, demuestra que no hubo intención de engañar, sino transparencia en la metodología empleada. La vocera afirmó que el periódico defenderá vigorosamente sus derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Reacciones desde la SIP y otras voces internacionales

Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, calificó la demanda como una herramienta de coacción contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de prensa.

Jornet subrayó que el uso de tácticas legales para amedrentar a los medios “va en contra de la esencia misma de una sociedad democrática, donde las voces críticas deben poder expresarse sin temor a represalias judiciales”. El llamado de la SIP al presidente electo Trump es a respetar el rol fundamental de la prensa libre e independiente, advirtiendo que estas acciones podrían provocar una espiral de autocensura y deterioro del debate público.

Contexto general de la disputa legal y la relación con la prensa

Esta demanda no es un incidente aislado. En los últimos meses, Trump ha utilizado recurrentemente las leyes estatales y federales, con interpretaciones amplias, para presentar acciones legales contra medios de comunicación que considera “injustos” o “engañosos”. En octubre, el entonces candidato republicano demandó a CBS News en un tribunal federal de Texas por prácticas supuestamente engañosas del programa 60 Minutos, alegando que la entrevista con Kamala Harris inducía a error a los televidentes.

La estrategia no se limita a medios específicos. Semanas atrás, la cadena ABC enfrentó una demanda por difamación, también presentada por Trump, por declaraciones que, a juicio del presidente electo, lo perjudicaban.

Aunque el medio llegó a un acuerdo extrajudicial de 15 millones de dólares más un millón en honorarios legales, el resultado parece haber envalentonado a Trump. Este patrón sugiere una táctica más amplia: la búsqueda de jurisdicciones legales y normativas que faciliten la presentación de demandas, con el objetivo de presionar a los medios críticos y limitar la cobertura independiente.

El rol de la SIP en la defensa de la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa, fundada en 1943, es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental. Históricamente, la SIP se ha dedicado a defender y promover la libertad de expresión, la independencia editorial y el ejercicio del periodismo sin censura ni presiones.

En múltiples ocasiones, el organismo ha denunciado amenazas contra periodistas, cierre de medios, censura gubernamental y acciones judiciales usadas para intimidar a la prensa. Su respuesta en este caso se enmarca en una preocupación mayor por la normalización de ataques legales contra el periodismo, especialmente en democracias consolidadas como la de Estados Unidos.

Estrategias legales y su efecto en el ecosistema mediático

La utilización de demandas contra medios bajo acusaciones de fraude al consumidor es un fenómeno inusual en el contexto estadounidense. Tradicionalmente, las disputas entre personalidades públicas y medios se han canalizado a través de demandas por difamación, calumnia o injuria. Estas acciones están sujetas a altos estándares de prueba, especialmente cuando el demandante es una figura pública.

Sin embargo, al invocar legislaciones que regulan la protección del consumidor, se reconfiguran las bases del litigio, obligando a los medios a defender su labor periodística como si fuera un producto comercial que debe ajustarse a estándares de marketing honesto, en vez de ser evaluada como un ejercicio de libertad de prensa.

Este cambio de enfoque legal podría asustar a medios con menos recursos, dada la complejidad y los costos asociados a una defensa prolongada. La mera amenaza de un juicio costoso puede llevar a la autocensura, reduciendo la cobertura crítica de figuras poderosas y minimizando el escrutinio público indispensable en una democracia. Así, la opinión pública podría verse privada de información crucial, facilitando un entorno en el que el poder no es cuestionado con la fuerza necesaria.

La relevancia del caso para la prensa internacional

La controversia no se limita a Estados Unidos, ya que las acciones de un líder político tan influyente generan eco en otras naciones.

Las palabras y tácticas empleadas por Trump podrían servir de ejemplo para gobernantes con tendencias autoritarias en diversas partes del mundo, quienes al observar el uso exitoso o intimidante de las vías legales contra medios, podrían replicar este patrón. La SIP insiste en que el respeto a la libertad de prensa es un pilar de la democracia y que debilitarlo en un país con larga tradición de garantías constitucionales puede desencadenar efectos en cadena a nivel internacional.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han alertado en el pasado que el discurso anti-prensa y las demandas estratégicas contra la participación pública (conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés) constituyen una amenaza creciente. Estos grupos señalan que las SLAPP buscan desgastar a los medios en litigios costosos, distrayéndolos de su labor informativa. Aunque el presente caso gira en torno a presuntos errores en una encuesta electoral, el precedente de calificar el trabajo periodístico como “engañoso” a los ojos del consumidor genera incertidumbre en la manera en que se ejerce el periodismo político y la cobertura electoral.

La dimensión política de las demandas contra la prensa

Donald Trump, quien se ha referido en reiteradas ocasiones a los periodistas como “enemigos del pueblo”, demuestra con estas acciones judiciales una visión confrontativa hacia el papel de los medios.

Bajo su criterio, la objetividad y el cuestionamiento permanente serían sustituibles por una cobertura “justa”, según su propia definición, generalmente ligada a notas menos críticas y mayor deferencia a su discurso. Este choque entre el poder político y la prensa crítica es un fenómeno histórico, pero la diferencia en este caso radica en el uso sistemático de las cortes para disputar la legitimidad de contenidos periodísticos.

La manipulación del sistema legal, ya sea por figuras políticas o poderosas corporaciones, para infundir miedo, es una táctica reconocida: el llamado “chilling effect” o efecto amedrentador. Cuando periodistas y medios se saben sujetos a demandas costosas, la labor de investigación sufre, el periodismo de profundidad se ralentiza y la agenda informativa puede inclinarse hacia temas menos sensibles o confrontativos, reduciendo la transparencia en la vida pública.

El desafío de mantener la integridad periodística

En momentos en que la desinformación circula a gran velocidad por redes sociales y plataformas digitales, la labor de medios profesionales cobra más relevancia que nunca. El periodismo riguroso, sujeto a estándares editoriales y éticos, debe contar con garantías para realizar su tarea sin ser amenazado. Encuestas preelectorales, análisis político y cobertura imparcial de hechos noticiosos resultan vitales para que la ciudadanía comprenda la complejidad del escenario político.

La demanda contra el Des Moines Register, más allá de su resultado legal final, pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el entorno en que operan los medios. La transparencia en la metodología de las encuestas, el debate sobre la responsabilidad de los medios al difundir proyecciones electorales y la creciente tensión entre actores políticos y periodistas son discusiones legítimas. Sin embargo, la vía judicial empleada como intimidación no contribuye a mejorar la calidad del debate público, sino que lo contamina.

La importancia de la respuesta colectiva

La SIP ha reiterado la necesidad de una respuesta contundente y coordinada de los medios, organizaciones de libertad de expresión y defensores de derechos humanos ante este tipo de acciones legales. Por un lado, el apoyo mutuo, la solidaridad y la denuncia conjunta ante instancias internacionales pueden frenar el avance de prácticas intimidatorias. Por otro, la visibilidad de estos casos en la opinión pública internacional sirve para presionar a líderes políticos a reconsiderar el uso de tácticas coercitivas.

En última instancia, el libre flujo de información es un requisito indispensable para la democracia. Las demandas que buscan desacreditar a los medios con argumentos extraperiodísticos, presentándolos como entes fraudulentos, no solo vulneran la libertad de prensa sino que desplazan el debate hacia el terreno del miedo y la desconfianza. Mientras más se repitan estos episodios, mayor será el deterioro de las instituciones que garantizan el pluralismo informativo.

La reacción inmediata de la SIP, calificando de alarmante la demanda de Trump contra el Des Moines Register, es un reflejo de la gravedad que representan estas acciones para la libertad de expresión. Si bien la democracia estadounidense cuenta con marcos legales que tradicionalmente han protegido a la prensa, la creciente hostilidad y el empleo de herramientas jurídicas inesperadas ponen a prueba la solidez de dichos marcos.

A medida que se acerque la toma de posesión de Trump como presidente, será fundamental observar cómo evolucionan estas estrategias legales, cómo responden los medios, y qué rol desempeñan las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

En un escenario donde la prensa enfrenta juicios por su cobertura electoral, la consecuencia podría ser una cobertura más tímida y el debilitamiento de la esfera pública democrática. La SIP, al alzar la voz, busca subrayar la importancia de defender la libertad de expresión y el periodismo independiente, para que no se convierta en rehén de litigios destinados a silenciar la crítica y la investigación periodística.