SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que 13 imputados admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Público en la Operación Cobra 2.0-A, investigación sobre un presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Tras concluir la audiencia de medida de coerción, el juez Rigoberto Sena reservó su fallo para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
Camacho, director general de Persecución, sostuvo que el Ministerio Público presentó unos 706 medios de prueba. La cifra de admisiones que comunicó este viernes actualiza la ofrecida el jueves por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz: entonces informó que diez imputados habían admitido los hechos. Las admisiones, según lo comunicado por los fiscales, no constituyen una sentencia condenatoria.
El MP solicita arresto domiciliario para nueve
Durante la audiencia, el Ministerio Público modificó su solicitud inicial de prisión preventiva y pidió arresto domiciliario para nueve imputados que, según Camacho, admitieron los hechos y colaboran con la investigación. Se trata de Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 13 que Camacho señaló como personas que admitieron hechos y los nueve para quienes se solicitó arresto domiciliario son cifras distintas. El comunicado del Ministerio Público no identifica a todos los integrantes del primer grupo. Tampoco implica que el tribunal haya concedido ya el arresto domiciliario: esa petición forma parte de la decisión pendiente para el domingo.
Para los demás procesados mencionados en su solicitud, los fiscales mantienen el pedido de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. Corresponderá al juez decidir qué medida impone a cada imputado.
La investigación sigue abierta
La Pepca sostiene que el presunto esquema utilizó, entre otros mecanismos bajo investigación, autorizaciones y cobros por servicios médicos que no se habrían realizado. Mirna Ortiz argumentó ante el tribunal que el caso también afecta el derecho a la salud. Se trata de imputaciones del órgano acusador que deberán examinarse en el proceso judicial; los encartados conservan la presunción de inocencia.
Cobra 2.0-A es una nueva fase de la investigación sobre el SeNaSa. Para conocer cómo comenzó esta etapa y qué relación tiene con la Operación Onco14 en Santiago, Noticia.do publicó un antecedente del caso tras los allanamientos del 18 de septiembre.
