📋 Puntos clave
- La JCE aprobó el 22 de mayo un reglamento que prohíbe publicar encuestas electorales hasta julio de 2027.
- Todos los partidos —PRM, PLD y Fuerza del Pueblo— participaron en una audiencia pública en mayo de 2025 y apoyaron la regulación.
- Rosario recomienda que sea la propia JCE quien lleve el reglamento al Tribunal Constitucional para que quede definitivamente sanjado.
- El ex presidente de la JCE intentó regular las encuestas en 2008 y en 2010; en ambas ocasiones decisiones judiciales se lo impidieron por falta de ley habilitante.
- La prohibición aplica a la publicación, no a la realización: los partidos pueden contratar encuestas para uso interno.
SANTO DOMINGO, (Noticia.do).- Roberto Rosario Márquez, ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, defendió este martes el reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales hasta julio de 2027, pero formuló una recomendación que ningún otro dirigente político ha planteado: que sea la propia JCE quien lleve el caso al Tribunal Constitucional.
"Si yo estuviera en la Junta, yo mismo apoderaría al Tribunal Constitucional de este tema y sanaría esa controversia", dijo Rosario durante una entrevista en el programa Hoy Mismo. El veterano jurista argumentó que el amplio debate generado justifica una decisión definitiva del TC, y que esa acción beneficiaría la imagen de la institución frente a la opinión pública.
¿Por qué la JCE tiene —o no tiene— esa facultad?
Rosario explicó que el reglamento descansa en tres pilares: el artículo 74 de la Constitución, que autoriza a órganos extrapoder como la JCE a dictar reglamentos siempre que una ley adjetiva los habilite; la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y la Ley 20-23. Para él, esas normas sí constituyen la habilitación legal que en 2008 y en 2010 no existía, cuando los tribunales le impidieron en dos ocasiones regular las encuestas durante su propia gestión al frente del organismo.
"Yo intenté reglamentar y se me desautorizó legalmente porque no tenía una ley previa", admitió. La diferencia ahora, a su juicio, es que el marco jurídico cambió con la legislación aprobada en 2018 y 2023.
Todos los partidos apoyaron la norma en audiencia pública
Rosario recordó que en mayo de 2025 la JCE convocó una audiencia pública a la que asistieron sin excepción todos los partidos políticos y las firmas encuestadoras agrupadas en el sector. En esa instancia, el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo respaldaron que el organismo reglamentara el tema. El ente electoral abrió un plazo de 15 a 20 días para recibir sugerencias por escrito, y los partidos respondieron con propuestas de ajuste, no con objeciones de fondo.
"No pueden ir a una audiencia, decir que están de acuerdo y luego salir públicamente a desdecirse", advirtió.
El dirigente de la oposición también reveló un dato político de peso: desde la perspectiva exclusivamente partidaria, a Fuerza del Pueblo le convendría que las encuestas se publicaran, porque las mediciones más recientes muestran una caída sostenida del PRM. Aun así, sostuvo que las decisiones deben tomarse en función del interés institucional, no del beneficio coyuntural de un partido.
El asunto del visado y la embajadora Lea Campo
En otro momento de la entrevista, Rosario se refirió a las revelaciones que hizo la embajadora de Estados Unidos, Lea Campo, en un podcast reciente, donde mencionó su caso al hablar del uso político de la cancelación de visados. El ex funcionario admitió que hasta ahora no había realizado ningún esfuerzo formal para que le fuera restituido el visado, pero que a raíz de esas declaraciones está considerando pedir una revisión de su caso.
"Si a usted no lo quieren en una casa, usted no tiene por qué ir. Eso ha sido mi posición hasta hoy", explicó. Pero reconoció el daño causado: no pudo asistir a la graduación de sus hijas, que estudiaron en Estados Unidos, ni ha podido visitar a su padre de 99 años y sus cinco hermanas, todos ciudadanos americanos residentes en Boston.
Rosario precisó que la revocación de su visado no obedeció a señalamientos sobre su conducta, sino a un conflicto con un lobista vinculado a la embajada, quien exigió que la JCE certificara como dominicanos a cerca de 1,800 personas de origen haitiano. Al negarse a entregar ese listado sin la debida verificación, y al plantarle cara al funcionario, se desató el proceso que terminó con la cancelación del documento.
