Reforma del Código Procesal Penal Dominicano: análisis urgente
La exjueza Carmen Imbert Brugal ha alzado su voz en un interesante diálogo sobre las propuestas para cambiar el Código Procesal Penal.
En un contexto donde la seguridad y la violencia son preocupaciones prioritarias, la mención del presidente Luis Abinader de modificar el código ha captado la atención de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general.
La inquietud presidencial y la respuesta jurídica
El lunes pasado, el país y la comunidad jurídica se vieron sorprendidos por la sugerencia presidencial de modificar el código procesal penal. Esta propuesta se presentó como una posible solución al problema de la inseguridad, provocando un revuelo considerable en la sociedad dominicana.
La exjueza Imbert Brugal cuestiona el razonamiento detrás de esta sugerencia, poniendo en tela de juicio la preparación y conocimiento del asesor presidencial sobre el tema.
Es fundamental recordar que el Código Procesal Penal se diseñó para garantizar los derechos ciudadanos y estar acorde con convenios internacionales y con la Constitución de la República Dominicana, precisó la jurista.
En este sentido, entiende que su modificación no debería tomarse a la ligera y requiere de un análisis exhaustivo para evitar decisiones apresuradas.
¿Medidas coercitivas o cambio estructural?
Explicó que es un error común es pensar que el aumento de medidas coercitivas traerá mayor seguridad. »Sin embargo, la experiencia nos dice que la solución no está en endurecer el código penal, sino en abordar la crisis del sistema penitenciario dominicano», acotó.
precisó que el hacinamiento, la corrupción y el crimen que se anidan en el sistema penitenciario son problemas que necesitan soluciones estructurales, más allá de la modificación del código penal.
Consideró que se debe prestar atención a los derechos fundamentales de las personas que están como presos preventivos durante años, y buscar una reforma que mejore las condiciones de estas personas.
Rumbo a una reforma coherente y justa
La exjueza Carmen Imbert Brugal, consideró que la sugerencia de una modificación al Código Procesal Penal no debe ser tomada a la ligera, sino que requiere de un análisis exhaustivo y consultas con expertos en la materia.
Consideró que el riesgo de caer en el ridículo institucional es alto si se presentan propuestas que no estén fundamentadas en un estudio serio y detallado del sistema penal y su contexto.
»Esperamos que el presidente y su equipo de asesores tomen en cuenta otras voces y analicen la situación desde una perspectiva integral. Como sociedad, es vital que busquemos soluciones a la inseguridad que no solo estén basadas en medidas coercitivas, sino también en la reforma estructural del sistema penitenciario», añadió.
