Desmantelan red de estafa millonaria en República Dominicana

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En un importante golpe contra el crimen financiero en República Dominicana, el Ministerio Público logró la imposición de tres meses de prisión preventiva contra Juan Diego Toribio Mejía, señalado como cabecilla de una compleja red de estafas.

Este grupo delictivo defraudó a 94 individuos, apropiándose de la asombrosa suma de 2,493,933 dólares estadounidenses y 7,250,500 pesos dominicanos, actuando al margen de la ley y sin la necesaria supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores del país.

La investigación, liderada por los fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, culminó con la presentación de más de doscientas pruebas ante la jueza Fátima Veloz.

La magistrada, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no solo decretó la medida cautelar, sino que también calificó el caso como complejo debido a la multiplicidad de acciones y víctimas involucradas.

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El entramado delictivo

Toribio Mejía y sus asociados, entre los que se encuentran Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, y otros sujetos actualmente prófugos, llevaron a cabo sus actividades ilícitas entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

Operaban a través de HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), INC, entidades desde las cuales se promovía la inversión en consultoría financiera, intercambio de valores, préstamos y marketing digital, entre otros.

Los implicados engañaron a las víctimas, instándolas a invertir en Digicoop bajo la amenaza de perder oportunidades de inversión en HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L. Además, firmaban contratos con promesas de retornos desproporcionados, llegando a ofrecer tasas de interés anuales de hasta un 204%.

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Uso de tecnología para perpetuar el fraude

La red también se valió de plataformas digitales y criptomonedas para ampliar su alcance y sofisticar el fraude. Los afectados eran inducidos a realizar inversiones digitales, cuyos movimientos podían ser rastreados a través de una plataforma específica, lo que añade una capa de complejidad al caso y demuestra el uso de alta tecnología para la comisión de estos delitos.

Implicaciones legales

El Ministerio Público ha calificado las acciones de Toribio Mejía y sus colaboradores como violatorias de múltiples disposiciones legales, incluyendo estafa, abuso de confianza, lavado de activos y crímenes de alta tecnología. Esta decisión subraya el compromiso de las autoridades dominicanas con la lucha contra el crimen financiero y la protección de los derechos de los inversores en el país.

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La captura de Toribio Mejía y la imposición de medidas cautelares representan un paso crucial en el desmantelamiento de redes de estafa en República Dominicana, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias legales de participar en actividades financieras ilícitas. Con este caso, las autoridades reafirman su determinación de perseguir y castigar a aquellos que buscan enriquecerse a expensas de la confianza y el bienestar financiero de los ciudadanos.

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