Aplazan recurso apelación exministros Guerrero y Peralta
Los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero son acusados de corrupción
El escenario legal continúa evolucionando para los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, ambos involucrados en el polémico caso Calamar.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional ha decidido posponer hasta el 1 de junio la revisión de dos apelaciones presentadas por los exfuncionarios.
Ambos buscan modificar su actual condición de prisión preventiva a una menos severa.
El trasfondo legal
Guerrero y Peralta, exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, fueron enviados a la cárcel de Najayo hace poco más de un mes. La medida impuesta, que consta de 18 meses de prisión preventiva, se encuentra ahora en el centro de su lucha legal.
Ambos exministros regresaron a los tribunales en un intento de apelar la decisión y buscar un castigo menos severo.
La postergación de la audiencia
Sin embargo, la audiencia para revisar estas apelaciones ha sido aplazada. Las partes involucradas en el proceso no fueron notificadas a tiempo, lo que llevó al aplazamiento. Los representantes del Ministerio Público a la salida de la corte han adelantado que buscarán la fusión de ambos recursos.
Las reacciones del Ministerio Público y los querellantes
El Ministerio Público ha defendido la imposición de la prisión preventiva y sostiene que no ha habido cambios suficientes en la situación para justificar una variación en la medida. Por otro lado, uno de los abogados de la familia Gatón, supuestamente estafada con más de mil doscientos millones de pesos por la red, ha anunciado que reformulará su acusación para incluir a otros individuos.
La ampliación de la acusación y el futuro del caso
Según el abogado querellante, se incluirán nueve ciudadanos más en la acusación, entre los que se encuentran exfuncionarios y ciudadanos particulares.
El Ministerio Público acusa a los imputados de haber defraudado al Estado con más de 19 mil millones de pesos en la compra de terrenos a particulares y de haber establecido una estructura que supuestamente extorsionaba a bancas de loterías y colmados.
Más de diez de las veinte personas acusadas han admitido ante el tribunal su participación en la estructura de corrupción, convirtiéndose así en colaboradores del Ministerio Público.
