Puntos clave
- Un tribunal de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente y un chofer de la DGM.
- El Ministerio Público los acusa de cobrar sobornos y traficar migrantes haitianos en un vehículo oficial.
- Fueron arrestados en flagrante delito el 19 de junio con 22 indocumentados, incluidos menores de edad.
- Los pagos por traslado iban de RD$12,000 a RD$40,000 por persona, según el expediente.
- El caso lo lleva la Pepca; las investigaciones continúan.
MONTECRISTI.-Un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y el chofer asignado a su unidad cumplirán un año de prisión preventiva como medida de coerción, acusados por el Ministerio Público de cobrar sobornos y traficar con migrantes haitianos indocumentados en un vehículo oficial. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi dictó la medida a solicitud del órgano persecutor.
El tribunal dictó prisión preventiva por tráfico de migrantes contra el agente migratorio Gustavo Adolfo García Vásquez y el chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, ambos adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria de la DGM con asiento en Puerto Plata. Según el Ministerio Público, los imputados habrían aprovechado su condición de empleados públicos y las herramientas de trabajo del Estado para trasladar a personas en situación migratoria irregular a cambio de dinero.
Datos clave del proceso
- Etapa procesal: prisión preventiva (medida de coerción), un año
- Fecha de los hechos: 19 de junio
- Tribunal: OJSAP del distrito judicial de Montecristi — jueza Javierca Gómez
- Fiscalía actuante: Pepca — procuradora Mirna Ortiz
¿Qué decidió el tribunal de Montecristi?
La jueza Javierca Gómez impuso un año de prisión preventiva a los dos procesados y dispuso que la medida se cumpla en la cárcel pública de Montecristi. En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto.
El órgano persecutor sostuvo que los imputados carecen de arraigos que justifiquen una medida distinta a la prisión preventiva. La Pepca informó que las investigaciones continúan.
¿Cómo se descubrió el tráfico de migrantes?
"Los imputados usaron su condición de empleados públicos y las herramientas de trabajo del Estado para traficar personas a cambio de sobornos."— Ministerio Público (Pepca)
De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando los procesados tenían la misión de trasladar en un camión de la DGM a 32 ciudadanos haitianos indocumentados —31 hombres y una mujer— desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hacia el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, desde donde se procedería a su deportación.
Tras cumplir esa misión, y pese a que no estaban autorizados a subir a ninguna persona en el vehículo, ambos fueron sorprendidos transportando a otros 22 ciudadanos haitianos indocumentados, incluidos menores de edad, cuando regresaban a Puerto Plata. La detención en flagrante delito la ejecutaron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, en la provincia Montecristi.
El expediente detalla que el camión marca Shacman, de color blanco, resultó sospechoso al circular cargado de migrantes en sentido contrario a la ruta hacia Dajabón, adonde horas antes había llevado al primer grupo. Al ser cuestionados en el Control Migratorio de Montecristi, García Vásquez y Castillo Reynoso respondieron que llevaban nacionales haitianos y se mostraron nerviosos, por lo que se procedió al registro del vehículo. En la parte trasera fueron hallados los 22 indocumentados, ninguno con documentos que acreditara su permanencia legal en el país. La investigación descartó que estas personas hubieran sido detenidas en operativos rutinarios, pues no figuraban en los listados oficiales de interdicción.
¿Cuánto cobraban por cada migrante traficado?
Según el Ministerio Público, por cada traslado ilícito se realizarían pagos de entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, entregados en efectivo o mediante transferencias, gestionados por lo general por familiares en Haití o en República Dominicana. Durante el procedimiento, dos de los migrantes informaron que un patrón los esperaba en Puerto Plata y pagaría RD$22,000 y RD$24,000, respectivamente.
El expediente señala que, en otros casos, el traslado ilícito se concretó después de que los ciudadanos haitianos fueran contactados a través de redes sociales o de agencias de viaje que ofrecían el ingreso al país u otros destinos sin requisitos legales.
¿Qué significa esto para República Dominicana?
El caso expone el uso de recursos públicos para el delito por parte de quienes debían aplicar la ley migratoria en la frontera norte. Que sea la Pepca —la fiscalía anticorrupción— quien lo lleve, y que las investigaciones sigan abiertas, sitúa el tráfico de migrantes no solo como un problema fronterizo, sino como un asunto de corrupción dentro del Estado.
¿Qué delitos imputa el Ministerio Público?
Castillo Reynoso y García Vásquez son procesados por presunta violación del artículo 146 de la Constitución, así como de los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho. También se les imputa el artículo 3 de la Ley 46-25, que modifica el artículo 2 de la Ley núm. 137, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.
¿Por qué fueron arrestados el agente y el chofer de Migración?
¿Cuánto cobraban por traficar a cada migrante?
¿Qué pena enfrentan por el tráfico de migrantes?
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
