Prisión preventiva de 18 meses en operación Nido
Los apresados en operación Nido son acusados de estafa inmobiliaria
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, siguiendo la solicitud del Ministerio Público, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para Emanuel Rivera Ledesma, figura central en la denominada operación Nido.
Este caso, marcado por su complejidad, implica también a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Además, se ha ordenado arresto domiciliario y restricciones de viaje para Reilin Arismendy Rosario García, mientras María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa deberán cumplir con una fianza de 5 millones de pesos, el uso de un localizador electrónico y la prohibición de salida del país.
El juez Rigoberto Sena, al declarar la complejidad del caso, enfatizó la participación crucial de los implicados en las actividades delictivas investigadas, destacando la existencia de «pruebas demoledoras».
199 víctimas en operación Nido
Representando al Ministerio Público, Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena destacaron la seriedad de las medidas impuestas, basadas en evidencia documental y pericial. Jáquez explicó que para algunos imputados, las medidas son menos severas debido a su menor grado de participación en las estafas.
Se ha informado que hasta la fecha, 199 víctimas han presentado querellas, y las investigaciones continúan. La recuperación de bienes distraídos por los imputados es una prioridad para el Ministerio Público.
La operación Nido, iniciada el pasado 3 de enero, desmanteló una red acusada de estafar con más de 700 millones de pesos a través de falsas ofertas de viviendas en proyectos inmobiliarios. La investigación reveló el uso de varias empresas para ejecutar las estafas, incluyendo falsificaciones y lavado de dinero.
Las evidencias recabadas indican que Emmanuel Rivera Ledesma usaba nombres de personalidades influyentes falsamente para engañar a las víctimas, y se ha documentado el lujoso estilo de vida de varios miembros de la red con dinero de las estafas. Además, se investigan maniobras del imputado para disuadir a las víctimas de presentar o retirar querellas, lo que resalta la necesidad de medidas de coerción efectivas.
