Ha bajado la población carcelaria, no así la prisión preventiva
Descenso en población carcelaria no refleja menor uso de prisión preventiva
En la República Dominicana, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha señalado una disminución en la población carcelaria. Este fenómeno se atribuye a diversas causas, como el cumplimiento de sentencias, cambios en las medidas de coerción y otros factores.
Sin embargo, la tasa de prisión preventiva sigue siendo alta, contradiciendo las disposiciones legales que la consideran una medida excepcional.
La realidad de la prisión preventiva: Datos que no mienten
Contrario a la percepción de que la población carcelaria está disminuyendo, la ONDP revela que la imposición de la prisión preventiva está en aumento. La entidad maneja entre el 80 y 87% de los casos penales en el país y sus bases de datos, actualizadas diariamente, reflejan esta tendencia preocupante.
Estadísticas del primer semestre: Un aumento alarmante
En el primer semestre de 2022, se impusieron 3,427 medidas de prisión preventiva a usuarios de la ONDP. Este número aumentó a 3,758 en el mismo período de 2023, lo que representa un incremento del 10% en la jurisdicción de adultos. En el caso de menores, el incremento fue del 11%, pasando de 170 a 188 casos. Estos números demuestran que la prisión preventiva está lejos de ser una medida excepcional.
La postura del Poder Judicial y la Procuraduría General
Ambas instituciones han abogado por una justicia más humana y restaurativa. Sin embargo, existen jueces y fiscales que ignoran estos llamados y continúan aplicando la prisión preventiva de manera indiscriminada. Esta actitud no solo va en contra de los principios de justicia, sino que también socava los esfuerzos por lograr una armonía social.
La necesidad de fortalecer las competencias
Es crucial que los fiscales y jueces sean capacitados para actuar como verdaderos mediadores en conflictos sociales. Deben buscar soluciones alternativas que favorezcan la cohesión social, en lugar de recurrir a la prisión preventiva como primera opción.
La prisión preventiva: Un problema social y de derechos humanos
La aplicación excesiva de la prisión preventiva ha generado una serie de abusos y violaciones a los derechos fundamentales. A pesar de los avances en la reforma judicial y penitenciaria, el problema persiste y requiere una revisión profunda.
La importancia de las mesas interinstitucionales
Estas reuniones son fundamentales para garantizar un verdadero estado de derecho y social. Es vital que los operadores del sistema judicial busquen alcanzar una justicia restaurativa, en consonancia con los pactos y convenios internacionales de derechos humanos.
Hacia una justicia más equitativa
La disminución en la población carcelaria no debe confundirse con una reducción en la aplicación de la prisión preventiva. Es imperativo revisar y ajustar las políticas y criterios actuales para garantizar una justicia más equitativa y humana. Los números no son la única respuesta; es hora de replantear el problema desde una perspectiva más amplia que incluya el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una verdadera armonía social.
