Pepca pide rechazar extinción en caso Jean Alain
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el denominado caso Medusa.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que los fiscales presentaron al tribunal una cronología con la cual buscan demostrar que parte de las demoras registradas durante el proceso fueron provocadas por incidentes y solicitudes de las defensas.
Rodríguez y los demás encartados enfrentan acusaciones por presuntos actos de corrupción administrativa. Hasta el momento no existe una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.
Ministerio Público rechaza argumentos de la defensa
Ortiz declaró que el Ministerio Público desmontó “una a una” las argumentaciones presentadas por la defensa de Rodríguez y por otros abogados que se adhirieron al incidente de extinción.
“Establecimos un cronológico real del transcurrir del proceso”, expresó la procuradora de corte al finalizar la audiencia celebrada el miércoles.
Según la representante de la Pepca, las actas de las audiencias muestran que desde las primeras etapas del expediente se produjeron solicitudes que extendieron el conocimiento del proceso.
Como ejemplo, citó que la defensa del exprocurador solicitó durante la audiencia preliminar más de cien días hábiles para preparar y presentar su escrito de defensa.
Ortiz argumentó que una parte procesal que solicitó extensiones de esa naturaleza no debería atribuir posteriormente toda la duración del expediente exclusivamente al sistema judicial.
Defensa sostiene que venció el plazo del proceso
La defensa de Rodríguez mantiene una posición distinta. Sus abogados alegan que el proceso penal ha superado el plazo máximo establecido por la legislación y que, en consecuencia, corresponde declarar extinguida la acción penal.
También rechazan que las demoras sean atribuibles a actuaciones dilatorias de su parte y sostienen que el Estado ha contado con tiempo suficiente para investigar y llevar el expediente a juicio.
La decisión sobre el incidente corresponde exclusivamente a las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Pepca cita jurisprudencia sobre casos complejos
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó decisiones de tribunales de primer grado, cortes de apelación, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional para sustentar que la duración de los procesos complejos debe evaluarse atendiendo a las particularidades de cada expediente.
Ortiz hizo referencia a la sentencia TC/1106/24, emitida por el Tribunal Constitucional el 30 de diciembre de 2024.
Esa decisión reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, pero también recoge el criterio de que la extinción por vencimiento del plazo máximo no opera automáticamente cuando se han producido incidentes dilatorios atribuibles al imputado.
La sentencia establece, además, que los tribunales deben explicar de manera detallada cuáles circunstancias concretas provocaron la prolongación de un proceso antes de apartarse del plazo ordinario.
Fiscalía presentó cronología del proceso
El fiscal Enmanuel Ramírez expuso ante el tribunal una cronología de las audiencias y actuaciones procesales realizadas desde el inicio del expediente.
De acuerdo con el Ministerio Público, esa relación documental demostraría que distintas solicitudes, recusaciones, incidentes y aplazamientos promovidos por las defensas incidieron en la duración del proceso.
Ortiz estuvo acompañada en la audiencia por los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
La funcionaria expresó confianza en que el tribunal rechazará la petición de extinción, aunque la decisión todavía no ha sido emitida.
Audiencia continuará el 3 de agosto
Las juezas aplazaron el conocimiento del incidente para el lunes 3 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana.
El tribunal deberá escuchar las intervenciones pendientes y posteriormente decidir si acoge o rechaza la solicitud presentada por la defensa de Rodríguez.
Mientras no exista una resolución judicial, la acción penal continúa vigente y el proceso permanece abierto.
Acusación del caso Medusa
El expediente del Ministerio Público atribuye a Rodríguez Sánchez y a otros procesados la supuesta integración de una estructura que habría manejado irregularmente más de RD$6,000 millones durante el período 2016-2020, cuando este se desempeñó como procurador general de la República.
Entre los delitos imputados figuran, según la acusación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Además de Rodríguez Sánchez, el proceso incluye a Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También figuran Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Las imputaciones corresponden a la versión acusatoria del Ministerio Público y deberán ser probadas ante el tribunal durante el juicio.
