Participación Ciudadana cuestiona posible acuerdo político para presidir la Suprema Corte

SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, cuestionó este martes 20 de octubre la posible designación del abogado Fernando Langa como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al expresar su sospecha de que la decisión podría estar definida antes de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluya sus deliberaciones.

Las declaraciones se producen cuando el CNM se encuentra en la etapa final del proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte, cuyo cronograma oficial contempla concluir el 23 de octubre de 2026.

Álvarez sostuvo que la inscripción de Langa como aspirante podría responder a una decisión previamente acordada, aunque reconoció que se trata de su apreciación personal y que corresponde esperar el pronunciamiento del organismo constitucional.

La controversia surge en medio de señalamientos sobre un supuesto entendimiento político entre el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo para la escogencia del presidente del alto tribunal.

Hasta el momento, las declaraciones examinadas no aportan pruebas documentales que permitan establecer la existencia de ese acuerdo.

Participación Ciudadana prefiere un juez de carrera

Francisco Álvarez defendió que la presidencia de la Suprema Corte recaiga en un magistrado perteneciente a la carrera judicial, en lugar de un abogado procedente del ejercicio privado.

Argumentó que los jueces de carrera cuentan con una trayectoria institucional que permite evaluar su desempeño mediante criterios relacionados con sus funciones jurisdiccionales.

El representante de Participación Ciudadana señaló que, si aproximadamente tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte proceden de la carrera judicial, debería considerarse que su presidente también provenga de ese grupo.

Su planteamiento coincide con la posición que ha expresado la organización a favor de fortalecer la independencia judicial y privilegiar la experiencia dentro del sistema de justicia.

Servio Tulio Castaños reconoce componente político

Por su parte, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que la naturaleza política del proceso de selección no debe sorprender.

Explicó que el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por representantes de distintos poderes del Estado y que sus decisiones se adoptan mediante consensos entre sus miembros.

Castaños Guzmán sostuvo que la selección de los jueces corresponde constitucionalmente al CNM y que lo fundamental es garantizar que la persona escogida comprenda la responsabilidad institucional de dirigir uno de los poderes del Estado.

También señaló que la presidencia de la Suprema Corte puede ser ocupada por un juez de carrera o por un profesional del derecho procedente del ejercicio privado, conforme a las condiciones aplicables al proceso.

Fernando Langa recibió respaldo de instituciones de Santiago

Fernando Langa figura entre los aspirantes a ocupar una posición en la Suprema Corte de Justicia.

En septiembre, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo presentaron comunicaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura respaldando su candidatura para presidir el tribunal.

Las instituciones destacaron su trayectoria profesional y académica, aunque esos respaldos no constituyen una designación oficial.

El debate sobre su posible elección enfrenta dos posiciones: quienes defienden la experiencia acumulada por los jueces de carrera y quienes consideran legítima la incorporación de juristas provenientes del ejercicio privado.

Consejo de la Magistratura se acerca a la decisión

El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el mandatario Luis Abinader, tiene la responsabilidad de escoger a los nuevos integrantes de la Suprema Corte y designar a su presidente.

El organismo está integrado por ocho miembros, entre ellos representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Según el cronograma aprobado en agosto, el proceso debe concluir el 23 de octubre, aunque el propio CNM ha advertido que las fechas pueden modificarse.

La decisión permitirá conocer si la presidencia del alto tribunal recaerá en un juez de carrera o en un abogado externo, en medio del debate sobre la independencia judicial, la transparencia y el peso de los acuerdos políticos en las designaciones.