Datos clave del caso
- Etapa procesal: imputación; el Ministerio Público solicitó medida de coerción (no hay condena).
- Medida solicitada: 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados.
- Dónde: Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
- Fiscalía actuante: PEPCA, con la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago.
- Cargos imputados: asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO, 15 de junio de 2026 — El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los tres imputados de la Operación Onco14, a quienes acusa de aprovechar el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para sustraer, mediante presuntas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. En ella, el órgano persecutor pidió además que el proceso sea declarado de tramitación compleja, una figura que amplía los plazos de la investigación.
La medida de coerción se solicitó contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer —la asociación sin fines de lucro que administra el IORC— y miembro de la junta directiva del instituto. También contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del primer imputado, de quien se divorció en 2014, que ocupó la vicepresidencia y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del Patronato durante esa gestión.
"La estructura actuó de manera concertada con el propósito de sustraer fondos destinados a la atención de pacientes oncológicos."— Ministerio Público, según la instancia de medida de coerción
La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por su titular, Mirna Ortiz, junto a los procuradores generales de Corte de Apelación Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
¿De qué acusa el Ministerio Público a los imputados de la Operación Onco14?
Según el Ministerio Público, los imputados deberán enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología —acceso ilícito y uso de código de acceso— y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. En la trama también figuran, de acuerdo con el órgano acusador, las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
La investigación atribuye a la estructura un catálogo amplio de presuntas modalidades fraudulentas: fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos. A ello suma la presunta prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
El expediente del órgano persecutor también señala el supuesto uso de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, y hechos de sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Los tres fueron arrestados en el marco de la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la PEPCA y la Fiscalía de Santiago, con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, un título de propiedad, computadoras, celulares y un DVR, entre otros elementos que serán incorporados al proceso como evidencia.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y que, pese a que los estatutos fijaban un período de dos años, permaneció en el cargo hasta el 6 de octubre de 2025. Para el órgano acusador, esa permanencia evidencia el interés del imputado por el control del instituto con el propósito de disponer de sus recursos y de las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes con cáncer. La estructura, sostiene la investigación, contó además con la participación de otros empleados y relacionados que habrían actuado de manera concertada.
¿Qué es el IORC y qué papel cumple en el Cibao?
El IORC, fundado en octubre de 1964, opera bajo la administración del Patronato Cibaeño y se dedica a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
¿Qué significa esto para República Dominicana?
El IORC es el principal centro oncológico de toda la región del Cibao: las familias de Santiago y de las provincias del norte —y los dominicanos en la diáspora que costean tratamientos de sus parientes— dependen de él. La acusación del Ministerio Público apunta a recursos del SeNaSa que debían sostener esa atención.
Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.
