SANTIAGO, (Noticia.do).– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, a quien atribuye agresiones sexuales contra dos adolescentes y la muerte de una de ellas en Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago. La audiencia para conocer la medida de coerción está fijada para este viernes 9 de octubre de 2026.
Según la comunicación del órgano persecutor, las víctimas tienen 13 y 14 años. La adolescente de 13 años murió a causa de heridas de arma blanca y su cuerpo fue recuperado en el río Yaque del Norte, dos días después de los hechos, mientras que la otra menor sobrevivió.
Los 18 meses constituyen una solicitud del Ministerio Público: corresponde a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago decidir qué medida impone al imputado.
Qué sostiene la investigación preliminar
De acuerdo con la versión del Ministerio Público, Rodríguez Cruz se ofreció a transportar a las adolescentes en su motocicleta para comprar una cena. Durante el recorrido, presuntamente las condujo a una zona apartada próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla, cerca del río Yaque del Norte.
El órgano investigador sostiene que el imputado amenazó a las menores con un arma blanca y las agredió sexualmente. También le atribuye haber atacado a la adolescente de 13 años cuando intentó escapar y haber lanzado posteriormente su cuerpo al río.
La investigación preliminar indica que la adolescente de 14 años logró resguardarse entre la vegetación y permaneció allí hasta el amanecer.
Estos señalamientos forman parte de la imputación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial. Rodríguez Cruz conserva la presunción de inocencia.
Audiencia de coerción y cargos provisionales
La solicitud fue depositada por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. El Ministerio Público indicó que pide la prisión preventiva para profundizar las investigaciones.
Entre las infracciones que atribuye provisionalmente al imputado figuran violación sexual agravada, violencia de género agravada, tortura o actos de barbarie agravados y trato cruel, inhumano o degradante. En relación con la adolescente fallecida, también plantea la calificación de feminicidio agravado.
La comunicación cita disposiciones del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 44-26, y de la Ley 136-03, sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
La audiencia del viernes corresponde al conocimiento de una medida de coerción. Una eventual imposición de prisión preventiva no constituye una sentencia condenatoria.
Un equipo especializado reúne las pruebas
Las diligencias incluyen la recopilación de información pericial, documental y material por un equipo multidisciplinario del Ministerio Público.
Participan la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, dirigida por Olga Diná Llaverías; la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, representada por María Dolores Rojas; y la Unidad de Atención a la Violencia de Género, encabezada por Gladisleny Núñez.
También intervienen las fiscales Xiomara Peña y Cristina Ramírez, junto con el Departamento de Violencias Físicas de la Fiscalía de Santiago, dirigido por Yeilín Durán.
La comunicación no precisa la hora de la audiencia ni la fecha exacta de los hechos.
