Santiago. —(Noticia.do).-A más de un mes del fallecimiento de Alejandro Arsenio Inoa Rodríguez, de 47 años, su familia regresó este martes a la Fiscalía de Santiago con una certeza que ya no puede ignorarse: un informe del hospital municipal de Tamboril documenta que el hombre llegó atado de pies y manos, y que los agentes policiales que lo custodiaban lo retiraron del centro médico antes de que pudiera ser evaluado.

La Policía Nacional sostiene que murió de un infarto. La familia dice que lo mataron a golpes.

Lo que el hospital certificó y la Policía no explica

El documento médico del hospital municipal Dr. Jorge Armando (Ico) Martínez es el eje central del caso. Según el informe, siendo la 1:40 de la madrugada del 29 de enero de 2026, Inoa fue recibido en ese centro bajo custodia policial, atado de pies y manos. Los médicos solicitaron a los agentes trasladar al paciente al área de evaluación para realizarle una anamnesis completa. Los agentes se negaron y se lo llevaron sin que pudiera ser examinado. Horas después, informaron que había muerto.

Este detalle, ausente en la versión oficial, es el que el abogado de la familia, Nelson Abreu, ha colocado al frente de su argumentación ante el Ministerio Público. «El hospital certifica que cuando le iban a practicar la valoración médica, los policías se lo llevaron. Luego informaron que había muerto. Nosotros entendemos que fue por los golpes que le propinaron», declaró Abreu este martes.

La familia sostiene que Inoa fue detenido en la vía pública sin orden judicial y sin estar cometiendo ningún delito flagrante. La Policía, en su versión inicial, indicó que fue arrestado tras una alerta del 9-1-1 por presunta conducta violenta en el sector Gurabo, y que presentaba signos de haber consumido alcohol y sustancias.

Los testimonios que contradicen la versión del infarto de Inoa

Jenny Inoa, hermana del fallecido, fue la primera en alzar la voz. Aseguró que su hermano no padecía condición cardíaca alguna, y que el cuerpo presentaba laceraciones visibles en rodillas y costado cuando lo vieron en el INACIF. «Mi hermano no sufría de nada. Tenía golpes visibles. Nosotros creemos que lo mataron», afirmó.

Grecia Sosa, viuda de Alejandro Inoa, relató que en la madrugada una patrulla llegó a su casa para avisarle que su esposo estaba «malo» en el destacamento. Al llegar, ya estaba muerto. «Estaba morado y con las manos encogidas. A mi esposo le arrancaron la vida», dijo. Érica Inoa, sobrina del occiso, señaló que en múltiples visitas al Ministerio Público no han recibido información concluyente. «Queremos que se aclare lo que pasó y que haya justicia», expresó.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían ofrecido una explicación oficial detallada sobre las circunstancias del fallecimiento ni habían entregado el informe de autopsia a los familiares. La falta de transparencia lleva ya más de 33 días.

Un patrón que se repite en el país

El caso de Alejandro Inoa no ocurre en el vacío. En 2022, la muerte de tres hombres bajo custodia policial generó una ola de indignación nacional, protestas y llamados del entonces presidente Luis Abinader a depurar las filas policiales. La Procuraduría General instruyó investigaciones, pero los resultados judiciales han sido escasos. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han documentado sistemáticamente casos de tortura, golpizas y muertes en dependencias policiales dominicanas, señalando que la falta de independencia investigativa permite la impunidad.

La familia de Inoa exige ahora que la Fiscalía de Santiago entregue el informe forense completo y que el caso sea investigado con la seriedad que, dicen, no ha tenido hasta ahora. Su abogado advirtió que de no recibir respuesta, tomarán acciones legales adicionales.