Ministerio Público avanza con solicitud de medidas de coerción contra Jochi Gómez y Hugo Beras

Maxwell Reyes October 4, 2024 6 min de lectura

El Ministerio Público tiene siete detenidos por el escándalo de semáforos

Santo Domingo.-Mientras los siete detenidos por el escándalo del contrato de semáforos en el Gran Santo Domingo pasaban su segunda noche en prisión, el Ministerio Público aceleraba la preparación de las medidas de coerción.

Entre los imputados se encuentran Jochi Gómez, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros cinco arrestados durante la Operación Camaleón.

Las autoridades presentarán estas medidas hoy, antes de que venza el plazo constitucional de 48 horas, alrededor de las 8:00 de la noche.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) están trabajando contra reloj para cumplir con el plazo legal.

Jochi Gómez, uno de los principales acusados, será sometido a una nueva tanda de interrogatorios este viernes, según informaron sus abogados Carlos Olivares y Carlos Balcácer.

Por su parte, Hugo Beras, quien permanece en la cárcel de la Fiscalía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, está a la espera de que se formalicen las medidas de coerción.

Abogados denuncian irregularidades en los arrestos

Los abogados defensores de los detenidos, incluyendo a Laura Acosta y Carlos Balcácer, han denunciado públicamente la forma en que se llevaron a cabo los arrestos, calificándolos de injustos y desproporcionados.

Acosta, representante de Beras, afirmó que su cliente había renunciado a su cargo en el Intrant precisamente para evitar interferir en la investigación.

Además, criticó que el arresto se produjera frente al hijo pequeño de Beras, lo que, según ella, evidencia un manejo insensible por parte de las autoridades.

En defensa de Beras, varios diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han pedido que el Ministerio Público se enfoque en la investigación y evite los “shows mediáticos”.

Anteriormente, muchos de estos legisladores apoyaron los arrestos de exfuncionarios opositores, pero ahora solicitan cautela en el proceso judicial que involucra a uno de los suyos.

Ministerio Público presentará medidas de coerción y podría solicitar caso complejo

Se espera que hoy se depositen las solicitudes de medidas de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además de pedir prisión preventiva, las autoridades podrían solicitar que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de los delitos investigados.

El grupo de detenidos, que incluye a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Pedro Vinicio Padovani Báez, y Carlos José Peguero Vargas, enfrenta cargos de corrupción, fraude contra el Estado, sabotaje y otros delitos relacionados con la gestión del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo.

Los cargos: corrupción, sabotaje y lavado de activos

El Ministerio Público acusa a los detenidos de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado que desvió millones de pesos del Estado.

Entre las imputaciones destacan el fraude en la adjudicación del contrato de modernización de la red de semáforos y videovigilancia, así como el sabotaje de la red semafórica en agosto de 2024, que causó caos en el tránsito del Gran Santo Domingo.

Jochi Gómez, quien es señalado como el principal beneficiario de esta red, supuestamente utilizó su empresa Aurix S.A.S. para controlar de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y movilizar fondos obtenidos de manera ilícita.

Hugo Beras, por su parte, es acusado de ser coautor y facilitador de estos actos de corrupción durante su gestión al frente del Intrant.

El resto de los imputados también enfrenta graves acusaciones. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, habría facilitado la manipulación de la licitación para beneficiar a la empresa Transcore Latam.

Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del Intrant, está acusado de manipular el proceso licitatorio y tomar decisiones que favorecieron a la estructura corrupta.

Los operativos: allanamientos y evidencias incautadas

La Operación Camaleón fue desplegada la noche del miércoles, con más de 170 efectivos de la Policía Nacional y 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, en los que se incautaron importantes evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público.

Entre los bienes incautados se incluyen vehículos y documentos vinculados al caso, además de la caja fuerte vacía de la residencia de Hugo Beras, según informó su abogada Laura Acosta. También se decomisaron dispositivos electrónicos que, según los fiscales, contienen información clave para la investigación.

Implicaciones políticas y declaraciones públicas

El escándalo ha generado fuertes reacciones en el ámbito político. El periodista Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, defendió públicamente a su hijo, asegurando que las acusaciones en su contra son infundadas. Sin embargo, también reconoció que si su hijo ha violado la ley, debe enfrentar la justicia.

Por otro lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, prometió que toda la verdad sobre el caso será revelada en los tribunales. Pimentel también informó que la empresa Transcore Latam está enfrentando un proceso de inhabilitación permanente, lo que podría tener graves repercusiones para sus operaciones en el país.

Operación Camaleón: un caso que marcará precedentes

El caso de los semáforos y la Operación Camaleón podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Las autoridades aseguran que se trata de una de las investigaciones más exitosas contra el crimen organizado y que los responsables pagarán por los delitos cometidos. Mientras tanto, la atención del país está puesta en el proceso judicial que se llevará a cabo en los próximos días, donde se decidirá si los implicados enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Este proceso judicial es solo el comienzo de lo que promete ser uno de los casos más complejos y mediáticos en la historia reciente del país.