Miguel Valerio analiza caso SeNaSa y reforma del Código Procesal Penal

Maxwell Reyes October 11, 2025 8 min de lectura

Entrevista a Miguel Valerio sobre justicia dominicana

Santo Domingo, 11 de octubre 2025.-El abogado dominicano Miguel Valerio ofreció una entrevista al periodista Adolfo Salomón en el programa Verdades al Aire, donde abordó tres temas de gran relevancia para la justicia de la República Dominicana: la defensa de su cliente en el caso SeNaSa, la reforma al Código Procesal Penal (CPP) y el estado de la lucha contra la corrupción en el país. En sus declaraciones, Valerio enfatizó la importancia de un sistema judicial más eficiente, transparente e independiente.

La conversación permitió conocer la perspectiva de un profesional del derecho con amplia experiencia en casos de alto perfil y su visión crítica sobre las debilidades estructurales de la justicia dominicana. También abordó la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar el debido proceso y la confianza ciudadana.

En este artículo se resumen los puntos más importantes de su entrevista, aportando una visión integral de los desafíos legales, institucionales y éticos que enfrenta el sistema judicial dominicano en 2025.

Caso SeNaSa y defensa del señor Hazim

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el caso SeNaSa, donde Miguel Valerio actúa como abogado defensor de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud. Según Valerio, su cliente presentó una denuncia por presunto fraude de unos 41 millones de pesos vinculados a irregularidades en la gestión de medicamentos y servicios médicos. Este hecho, señaló, demuestra el interés de su defendido en esclarecer las acusaciones y colaborar con el Ministerio Público.

Valerio explicó que el proceso se encuentra en fase de investigación y destacó que se trata de una causa compleja y de carácter reservado. Enfatizó que ni su cliente ni su defensa han recibido notificación formal sobre imputaciones concretas, reiterando su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos sin atropellos ni juicios mediáticos.

Asimismo, el abogado insistió en que los funcionarios públicos deben estar abiertos al escrutinio, pero que ello no implica una condena anticipada. “Estamos esperando que la investigación avance; el señor Jacín ha dicho que es el más interesado en que todo se aclare”, afirmó.

Peritaje y avances del caso

Durante la entrevista, Valerio también explicó que ha solicitado un peritaje independiente para garantizar la objetividad del proceso, tras indicar que el Ministerio Público no permitió la participación de su equipo técnico en el análisis inicial. “Tenemos derecho a un peritaje propio y a un consultor técnico que nos ayude a comprender los elementos estructurales y técnicos del caso”, señaló.

El jurista resaltó que esta solicitud busca acelerar el proceso y no entorpecerlo, ya que su objetivo es que todas las pruebas sean examinadas de manera rigurosa antes de llegar a juicio. “Un buen acuerdo siempre es mejor que un mal proceso”, concluyó, refiriéndose a los más de 100 acuerdos alcanzados con víctimas en otros procesos que ha gestionado.

Reforma al Código Procesal Penal (CPP)

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la necesidad de reformar el Código Procesal Penal, una iniciativa que actualmente se discute en el Congreso Nacional. Valerio consideró que el CPP debe actualizarse para reflejar los avances tecnológicos, procesales y sociales del país, y eliminar los retrasos que congestionan los tribunales.

El abogado recordó que las modificaciones de 2015 fueron una “contrarreforma sin sentido”, pues igualaron los plazos de los casos complejos y simples, limitando la capacidad del sistema para procesar expedientes voluminosos. “Hay que sincerizar los procesos: no se puede tratar igual un caso de homicidio que uno administrativo o económico”, enfatizó.

Valerio abogó por incluir en la reforma mecanismos como los acuerdos judiciales, la reducción de audiencias innecesarias y la implementación de la justicia digital en etapas preliminares. Según explicó, esto contribuiría a una justicia más ágil, garantista y moderna, capaz de ofrecer respuestas rápidas a la ciudadanía.

Impacto en la eficiencia judicial

En su análisis, Valerio sostuvo que la verdadera eficiencia del sistema judicial depende de la gestión de los casos y de una política de persecución penal enfocada en evidencias sólidas. Propuso limitar los expedientes con más de cinco acusados o miles de páginas, los cuales, dijo, “colapsan los tribunales y generan impunidad de facto”.

También insistió en que el Ministerio Público debe priorizar la investigación previa antes de someter a las personas, para evitar el abuso de la prisión preventiva como herramienta de presión. “Debe ser como en otros países: primero se investiga, y luego se acusa”, señaló.

Asimismo, subrayó que el nuevo CPP debe fortalecer la capacitación de los fiscales y jueces, y fomentar una cultura de responsabilidad compartida en el uso de los recursos procesales.

Lucha contra la corrupción en República Dominicana

En la parte final de la conversación, Miguel Valerio analizó el panorama de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Según él, aunque el gobierno del presidente Luis Abinader ha impulsado 59 casos de corrupción, la mayoría no ha avanzado en los tribunales, lo que genera la percepción pública de inacción.

“El Ministerio Público hace lo que puede con los recursos que tiene. Falta personal, falta estructura y hay que reconocer que los procesos son complejos”, explicó. Sin embargo, criticó la tendencia a los procesos extensos, indicando que la justicia debería concentrarse en los casos donde existan pruebas contundentes y testigos sólidos.

Valerio rechazó que exista confabulación entre el gobierno y el Ministerio Público, pero advirtió que la ciudadanía necesita ver resultados concretos para recuperar la confianza en las instituciones. “La mejor justicia es la que se ve y se siente justa”, puntualizó.

La justicia dominicana y sus desafíos

El abogado también se refirió a los retos estructurales del Poder Judicial, como la selección y evaluación de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Criticó que las evaluaciones actuales pueden poner en duda la independencia judicial, al ser realizadas por actores con intereses políticos.

Valerio propuso que los jueces de la Suprema Corte sean seleccionados por méritos, con al menos 25 años de ejercicio profesional y más de 50 años de edad. También sugirió que los jueces sirvan por un período de 9 a 11 años, sin derecho a reelección, para garantizar estabilidad e independencia.

En cuanto al Ministerio de Justicia, consideró que su creación puede contribuir a mejorar la administración de los recursos judiciales y la ejecución de las penas, siempre que se mantenga una clara separación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales.

Conclusión sobre el caso SeNaSa y las reformas judiciales

La entrevista con Miguel Valerio evidencia la necesidad urgente de una reforma integral de la justicia dominicana. Su defensa en el caso SeNaSa refleja la importancia del debido proceso, mientras sus planteamientos sobre el Código Procesal Penal y la lucha anticorrupción invitan a un debate más profundo sobre el futuro del sistema judicial.

El país enfrenta el desafío de construir una justicia más eficiente, técnica e independiente, que combine transparencia con agilidad. Las reformas legales en curso representan una oportunidad histórica para consolidar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.

Como concluye Valerio, “la justicia camina, pero hay que ayudarla a correr”. Es el momento de apostar por un sistema judicial más humano, más técnico y más justo para todos los dominicanos.

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