Medida de coerción contra los acusados en operación Camaleón

Administrator octubre 11, 2024 4 min de lectura

SANTO DOMINGO (R.D.) jueves 10 de octubre del 2024.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, quienes deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.

También se ordenaron otras medidas para los restantes implicados en la red criminal desmantelada en la Operación Camaleón.

¿Qué medidas impuso el tribunal a los otros acusados?

La jueza Fátima Veloz determinó arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT.

Por su parte, Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, deberá pagar una garantía económica de 2 millones de pesos, además de cumplir con impedimento de salida y presentación periódica.

A Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y a Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

¿Qué implica la declaración de caso complejo?

El Ministerio Público solicitó y la jueza aceptó declarar el caso como complejo. Esto otorga más tiempo para la investigación, debido a la gravedad y la cantidad de acusados implicados. La revisión obligatoria de las medidas se programó para el 9 de enero de 2025.

¿Qué declaró el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, sobre el caso?

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), describió la decisión como «el triunfo de la verdad sobre la mentira». Según sus declaraciones, la resolución judicial refleja la gravedad de los hechos cometidos y el daño que estos imputados habrían causado al Estado. Además, afirmó que se descubrieron evidencias de que los acusados vigilaban a miembros del sistema de justicia, lo que reforzó la decisión del tribunal.

¿Qué nuevos pasos investigativos anunció el Ministerio Público?

Camacho adelantó que el Ministerio Público continuará recabando pruebas y explorará nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la imputación de más personas involucradas en la red de corrupción y crimen organizado desmantelada en la Operación Camaleón.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan los imputados?

Los acusados están señalados por delitos graves como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estos crímenes están tipificados y sancionados por la Constitución de la República Dominicana en su artículo 146, numeral 1, y en el Código Penal en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. Además, se les acusa bajo la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

La medida de coerción impuesta por el Tribunal de Atención Permanente contra los acusados en la Operación Camaleón refleja la magnitud de los crímenes investigados y el impacto de esta red en la administración pública. Con el caso declarado como complejo, las autoridades seguirán investigando y ampliando el expediente que podría involucrar a más personas.