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Este lunes seguirá audiencia 2 imputados caso Falcón

Las autoridades acusan a los apresados en el caso Falcón de narcolavado

SANTIAGO.-Será este lunes que continuará el conocimiento de medidas de coerción contra otros dos imputados del caso Falcón luego que el viernes el Ministerio Público concluyó su exposición donde fundamenta la solicitud de medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

El juez Miguel Báez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de aquí otorgó un receso para el lunes continuar escuchando a los abogados de la Defensa de los imputados Juan Carlos Mosquea Eduardo y Alejandro Pérez Pérez acusados por las autoridades de formar parte de la red de narcolavado.

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La defensa deberá presentar los arraigos y concluir con el caso, explicó el abogado Esteban Pérez.

”El delito precedente el cuál ellos utilizan como eje fundamental de la solicitud de medida en lo que se refiere a Erick Mosquea Polanco es inexistente porque él no fue parte del proceso y ellos presentaron la sentencia de Puerto Rico y ellos presenta ese delito precedente para venir y acusar a un hermano de padre que no tiene ningún tipo de vinculación comercial con el (Erick) de lavado de activos, patrocinio y tráfico de drogas aún más grave, entonces creo el Ministerio Público en aras de dar una respuesta social rápida ha perdido la objetividad” dijo el abogado Pérez.

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Mosquea Eduardo es hermano del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco

Este lunes seguirá audiencia 2 imputados caso Falcón

Mientras que Pérez Pérez es padrastro de Mosquea Polanco.

Alejandro Pérez Perez, es señalado por el Ministerio Público como una de las personas que se dedicaba a mover el dinero producto del narcotráfico, con varias cuentas a su nombre, e incluso, ya con las cuentas inmovilizadas, producto de la Operación Falcón, se movía entre provincias intentando distraer los fondos.  

Mientras que Juan Carlos Mosquea Eduardo le imputan las autoridades los delitos de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos y violación a la ley que regula el porte y tenencia de armas de fuego.

Recientemente,  la jueza Iris Borgen dictó medidas de coerción contra 23 imputados del expediente principal del caso enviando a 15 de ellos con 18 meses de prisión preventiva a diferentes centros carcelarios, seis con arresto domiciliario y dos con el pago de fianzas de 5 y 15 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.