Juan Hubieres denuncia fraude millonario en el transporte escolar dominicano

Administrator diciembre 11, 2024 9 min de lectura

Juan Hubieres revela continuidad de exfuncionarios del gobierno pasado en el actual Palacio Nacional

Santo Domingo.-Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), acusó al gobierno dominicano de cometer una “estafa” millonaria a través del nuevo esquema de transporte escolar, señalando que empresas sin experiencia en el sector se han beneficiado de contratos sobrevaluados.

Asimismo, el dirigente reveló que figuras clave del anterior gobierno, como el exministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, mantienen influencia en las decisiones y en la gestión del transporte público actual.

Hubieres sostiene que la ausencia de una política pública clara, la improvisación y el interés comercial de sectores privados afectan seriamente la eficiencia del sistema de movilidad, especialmente en el transporte de estudiantes.

Según Hubieres, el transporte escolar implantado bajo la actual administración no responde a un plan integral ni a la mejora del servicio, sino a la finalidad de “hacer negocios”.

Afirma que empresas sin trayectoria en transporte —simplemente importadoras de vehículos— han recibido asignaciones multimillonarias.

Estas empresas, lejos de proveer vehículos propios para el transporte de estudiantes, han tenido que subcontratar tanto choferes como autobuses a los propios sindicatos existentes, entre ellos Fenatrano y Conatra, a un costo significativamente más bajo que el estipulado en sus contratos con el Estado.

Como ejemplo, Hubieres denunció que existen compañías que cobran hasta 300,000 pesos mensuales por autobús en el marco del transporte escolar, mientras que a los transportistas subcontratados apenas se les paga entre 90,000 y 175,000 pesos.

Esta brecha, asegura, evidencia la sobrevaluación y desproporcionada ganancia de intermediarios. A su entender, el Estado pudo haber optado por otorgar estos contratos directamente a los chóferes y propietarios de unidades locales, fomentando así la redistribución económica y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades dedicadas al transporte.

Contexto y acusaciones sobre Gustavo Montalvo

Además de denunciar el supuesto fraude en el transporte escolar, Hubieres afirmó que el equipo que diseñaba las políticas del sector en el pasado gobierno sigue presente en el Palacio Nacional.

En su testimonio, el dirigente mencionó a Gustavo Montalvo, exministro de la Presidencia durante el mandato de Danilo Medina, como parte de un grupo que conserva injerencia en las decisiones actuales relacionadas con el transporte.

Esto, según Hubieres, se refleja en la continuidad de esquemas supuestamente nocivos, como la asignación de contratos sin controles adecuados y la repetición de viejas prácticas corruptas.

Para el líder de Fenatrano, no se trata solo de una supuesta influencia indirecta: existe un “equipo” heredado del gobierno pasado que ahora opera en conjunto con la administración actual.

Este grupo habría traicionado incluso al expresidente Medina, al alinearse con el presente Ejecutivo y perpetuar las mismas lógicas de concentración de contratos y beneficios para pocos, en detrimento de los verdaderos transportistas y la ciudadanía.

Problemas con los autobuses eléctricos y cargadores

En la entrevista en el programa Panorama de la Tarde, se abordó también el caso de los autobuses eléctricos adquiridos para el transporte escolar, cuya infraestructura de carga resulta inadecuada. Hubieres hizo eco de denuncias previas sobre la necesidad de instalar cargadores rápidos especializados, un proyecto millonario que, en vez de ser planificado con antelación, se improvisa sobre la marcha.

El resultado es que las unidades no pueden operar con normalidad, obligando a recurrir a cargadores de establecimientos privados, como bancos y supermercados, aumentando así los costos y el caos logístico.

Este desorden, según el dirigente, se debe a que las compras de vehículos eléctricos se realizaron sin un estudio serio, sin prever la instalación de la infraestructura necesaria.

Para Hubieres, la planificación del transporte escolar es en esencia un “gran negocio” que deja a un lado la calidad del servicio y el bienestar estudiantil. La falta de un plan maestro y la carencia de políticas públicas claras se traducen en derroche de fondos públicos e ineficiencia.

Comparación con la gestión de gobiernos anteriores

Hubieres señaló que esta situación no es un fenómeno aislado, pues la problemática del transporte viene arrastrándose desde pasadas gestiones. Durante el gobierno de Danilo Medina, el exministro Gustavo Montalvo habría impulsado esquemas similares, beneficiando a grupos y empresas a costa del erario. Pese a la promesa del presidente actual, Luis Abinader, de combatir la corrupción y asegurar transparencia, Hubieres sostiene que la “mafia” del transporte sigue operando, camuflada bajo nuevas licitaciones y contratos.

En la conversación, el presidente de Fenatrano recordó que en anteriores ocasiones denunció prácticas irregulares que nunca fueron investigadas a fondo. Mencionó casos relacionados con el antiguo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), contratos de grúas, revisión técnica vehicular y asignaciones directas que favorecían a un reducido grupo de beneficiarios. Ahora, con el esquema del transporte escolar, se repite la historia: se crean proyectos supuestamente pensados para el beneficio público, pero en realidad encaminados a la obtención de ganancias privadas.

Crítica a las políticas públicas y falta de control

Para Hubieres, el Estado dominicano carece de políticas integrales en materia de transporte. No existe una visión a largo plazo ni una intención real de mejorar la movilidad urbana. En lugar de eso, se multiplican los proyectos improvisados, como la compra de autobuses sin infraestructura adecuada, la contratación de empresas inexpertas y el diseño de corredores con tarifas y condiciones desfavorables para el usuario.

Esta carencia de planificación también se manifiesta en la falta de control del parque vehicular. Según Hubieres, el transporte de pasajeros es solo el 1% del problema de movilidad. Cada año ingresan decenas de miles de vehículos nuevos al país sin que se modernice la infraestructura vial ni se adopten medidas que prioricen el transporte público, ya sea a través de carriles preferenciales para autobuses o el reordenamiento efectivo de las paradas.

Posibles soluciones propuestas por Hubieres

Lejos de limitarse a la crítica, Hubieres ha propuesto soluciones concretas. Una de ellas consiste en establecer carriles preferenciales, no exclusivos, para el transporte público, lo que permitiría agilizar el desplazamiento de autobuses y mejorar el servicio al pasajero. Además, sugiere colocar las paradas de transporte a distancias regulares y controlar el desorden, evitando que cinco o más puntos de parada se concentren en una sola cuadra.

Otra medida sería el diseño de una estrategia para que los transportistas locales puedan adquirir vehículos con facilidades de crédito, garantizando a su vez que el Estado contrate directamente con ellos, sin intermediarios. De esta manera, la riqueza generada por el transporte se distribuiría entre pequeños empresarios y choferes, en lugar de favorecer a pocos actores privilegiados. Todo ello debería ir acompañado de la introducción de herramientas de control y seguimiento, mayor fiscalización y sanciones severas contra la corrupción.

Respuesta a declaraciones oficiales y expectativas no cumplidas

Hubieres lamentó la falta de firmeza y transparencia del actual gobierno frente a los vicios del pasado. Señaló que, pese a las reiteradas promesas del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción, en la práctica continúan apareciendo contratos oscuros y carentes de justificación. La ausencia de una regulación clara en el transporte escolar, la instalación tardía y costosa de cargadores para autobuses eléctricos, y la asignación de licitaciones a empresas sin historial en el sector son ejemplos que refuerzan, a su juicio, la idea de que el Estado sigue manejándose con criterios clientelares.

Asimismo, criticó que algunos medios de comunicación no profundicen en el análisis de estas irregularidades y se limiten a reproducir las versiones oficiales o a ignorar las denuncias. De esta forma, afirma el dirigente, la ciudadanía no llega a entender plenamente las dimensiones del problema, ni se generan las presiones necesarias para forzar cambios estructurales.

Impacto social y relevancia del tema

El transporte escolar debería ser un pilar para el desarrollo educativo y la calidad de vida de las familias dominicanas, sobre todo en las comunidades más necesitadas. La falta de un servicio fiable y seguro afecta a miles de estudiantes que deben desplazarse en condiciones precarias, desperdiciando tiempo y exponiéndose a riesgos. Además, la mala planificación incentiva la congestión, contamina el medio ambiente y afecta la productividad del país.

La llamada “estafa” en el transporte escolar repercute también en la percepción ciudadana sobre la política y la gestión pública. Si las promesas de combate a la corrupción no se concretan, la confianza en las instituciones se erosionará, dificultando la gobernabilidad y el desarrollo sostenible. Por ello, las denuncias de Hubieres, que proponen una agenda de transparencia y redistribución, adquieren un peso especial en el debate público.

La intervención de Juan Hubieres pone sobre la mesa la necesidad de un replanteamiento radical en las políticas de transporte de la República Dominicana. Sus declaraciones destacan la urgencia de auditar los contratos, identificar a los responsables de la sobrevaluación y la mala planificación, y sancionar las irregularidades. Además, subraya la importancia de diseñar un plan maestro que priorice las necesidades del usuario, fomente la participación de los transportistas locales y reduzca los espacios para el lucro indebido.

Sin un esfuerzo integral y sostenido, el país seguirá arrastrando los mismos problemas de movilidad, ineficiencia y corrupción. La pregunta pendiente es si el gobierno actual, pese a las infiltraciones de antiguos funcionarios y prácticas heredadas, tendrá la voluntad y la capacidad de dar el giro que el sector demanda. En el núcleo de la polémica están los derechos de los estudiantes a un transporte digno, los intereses de los trabajadores del sector, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la credibilidad del Estado frente a las necesidades cotidianas de la población.