Hombre obligaba en Santiago a niños haitianos a mendigar
Los niños haitianos eran traidos a Santiago forzados a mendigar
SANTIAGO – La Fiscalía de Santiago presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la petición de imposición de prisión preventiva como medida coercitiva contra un individuo acusado de tráfico y explotación de menores, específicamente niños de origen haitiano forzados a mendigar.
El Departamento de Trata y Tráfico de Personas, bajo la dirección del fiscal Juan Osvaldo García, desplegó un amplio esfuerzo de inteligencia para desvelar el modus operandi, los contactos, los potenciales colaboradores y las características de las víctimas. Este esfuerzo descubrió que se trataba de una organización liderada por el acusado Franklin Agustín.
«Promesas de una vida mejor se convierten en una pesadilla»
La red reclutaba menores en Haití con promesas de una vida mejor, para luego traerlos al país y forzarlos a mendigar en varios lugares de Santiago, obteniendo beneficios de lo que recolectaban las víctimas.
En la solicitud de medidas coercitivas, el Ministerio Público identificó a seis víctimas, de edades comprendidas entre 9 y 15 años, a quienes Agustín obligaba a recolectar dinero para cubrir una cuota diaria destinada a alojamiento, comida y permanencia en el país.
La Fiscalía de Santiago señala que las víctimas debían reunir la suma especificada por Agustín, quien las amenazaba y hostigaba.
«Víctimas vulnerables y en peligro constante»
Agustín les proporcionaba un trozo de cartón con un mensaje solicitando dinero para comer.
Pruebas presentadas por la Fiscalía indican que una de las víctimas, de 9 años, está en condiciones delicadas y recibe atención médica después de ser atropellada por un vehículo mientras pedía limosna en una intersección de la ciudad, donde Agustín la dejó sola.
«Una violación a la dignidad humana»
El Ministerio Público señala en su solicitud que la mendicidad forzada a la que estaban sometidas las víctimas es una afrenta a la dignidad humana de estos menores. Además de estar en un peligro inminente para sus vidas al estar expuestos en las calles, se les privaba de la posibilidad de recibir educación, crecer y desarrollarse de manera saludable.
La calificación jurídica provisional del proceso se enmarca en los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
