SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El expresidente Hipólito Mejía afirmó este miércoles 30 de septiembre que las autoridades deben poner orden en República Dominicana frente a la delincuencia, pero rechazó las muertes como respuesta y defendió que las personas señaladas por cometer delitos sean apresadas y sometidas a la justicia.
Mejía ofreció las declaraciones después de votar en las elecciones de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), según un reporte de CDN. Su posición se produce en medio del debate sobre los métodos policiales y las muertes reportadas como presuntos intercambios de disparos.
«Yo soy enemigo de las muertes. Yo creo que la justicia está para eso», expresó el exmandatario al responder preguntas de periodistas sobre la actuación de las autoridades contra la criminalidad.
Cuando le preguntaron si quienes delinquen deben ser llevados ante los tribunales, respondió afirmativamente, aunque también expresó reservas sobre la efectividad de esa respuesta judicial.
Reclama firmeza para mantener el orden
El expresidente insistió en que las autoridades tienen la responsabilidad de enfrentar a quienes cometen delitos y garantizar la seguridad de la población.
«Lo que yo estoy seguro es que hay que poner orden en el país», sostuvo. Añadió que durante su gobierno actuó para mantener el orden y recurrió al diálogo con distintos sectores.
En las declaraciones recogidas por CDN, Mejía no detalló nuevas medidas policiales ni presentó una propuesta específica para endurecer las sanciones penales.
El debate también alcanza a Santiago
En Santiago, el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, ha cuestionado que se normalicen las muertes violentas y los llamados intercambios de disparos.
También el abogado y comunicador Jordi Veras planteó fortalecer la investigación y la inteligencia contra los robos en Santiago y el Cibao, al cuestionar que los enfrentamientos reportados por la Policía sean la respuesta principal a la delincuencia.
Las declaraciones de Mejía incorporan al debate su reclamo de mantener el orden y su defensa del apresamiento y el sometimiento judicial de las personas acusadas de delitos.
