SANTIAGO, (Noticia.do).-El enfrentamiento entre el director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, y el gremio médico dominicano escaló a inicios de septiembre de 2026. El detonante fueron unas declaraciones del funcionario sobre los cobros adicionales que enfrentan algunos afiliados: según las sociedades médicas, Báez calificó ciertos cobros como un "robo a mano armada", una expresión que los gremios consideraron ofensiva y generalizadora. La reacción fue en cadena: rechazos del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Santiago, de sociedades especializadas y una propuesta para declararlo "persona no grata".
El choque no ocurre en el vacío. Se produce en medio de un debate mayor sobre quién paga las diferencias dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sobre la relación entre médicos, clínicas privadas y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
¿Qué originó el conflicto entre Elías Báez y los médicos?
La controversia se encendió tras el segundo episodio de RD Debate 2026, dedicado a analizar los retos de la seguridad social. Allí, Báez abordó los cobros adicionales y las dificultades para hacer efectivas determinadas coberturas. En ese contexto pronunció la frase que los gremios recogieron como agravio. Días después, la DIDA difundió su balance de agosto: afirmó haber evitado que afiliados y familiares desembolsaran más de dieciocho millones de pesos por cobros y requerimientos en centros privados, cifra que quedó en el centro de la disputa.
¿Cuál es la postura de Elías Báez y la DIDA?
Báez ha defendido que la función de la DIDA es proteger al afiliado cuando se le exigen pagos improcedentes. En su reporte de agosto sostuvo que cada caso recibido se verifica antes de intervenir y que los expedientes que requieren investigación o medidas regulatorias se remiten a las instancias competentes del sistema. El funcionario enmarcó su labor como una defensa del bolsillo del paciente, no como una confrontación con los prestadores.
En el comunicado del 2 de septiembre, la institución introdujo una precisión clave: las irregularidades detectadas no deben atribuirse de manera generalizada a médicos, clínicas o prestadores, y reconoció que la mayoría trabaja dentro de las normas del sistema. Al mismo tiempo, defendió su obligación de actuar cuando un afiliado denuncia un cobro que, tras ser examinado, resulta improcedente.
Ante la ola de reclamos, el director de la DIDA bajó el tono y aclaró su posición. Planteó que respetar a los médicos y cumplir con el deber de denunciar prácticas que vulneren los derechos de los afiliados son asuntos distintos y no contradictorios. En el plano de las propuestas, durante RD Debate Báez sugirió la creación de una Fiscalía especializada en Seguridad Social capaz de perseguir las violaciones cometidas dentro del sistema y de contribuir a un verdadero régimen de consecuencias frente a cobros irregulares e incumplimientos de cobertura. También defendió el uso de unos RD$14 mil millones de las reservas de SeNaSa, al asegurar que no afectó la cobertura de los afiliados, aunque cuestionó el manejo dado a esos fondos.
¿Qué responden las sociedades médicas y el CMD?
Del lado del gremio, la reacción más contundente vino del expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero. Calificó las expresiones del funcionario como "ofensivas, irrespetuosas y temerarias" y sostuvo que Báez ha generalizado sus señalamientos contra la profesión. Suero propuso que la Junta Directiva Nacional del CMD evalúe declararlo "persona no grata" mediante una resolución, que el gremio estudie acciones legales y que se realice una manifestación pública de repudio. Recordó, además, que los choques entre Báez y el CMD no son nuevos y exhortó al funcionario a moderar su discurso, tomando como referencia —según afirmó— el trato que el presidente Luis Abinader mantiene con ciudadanos y adversarios.
Desde Santiago, la presidenta del CMD en esa provincia, Penélope Gómez, rechazó que las conductas denunciadas se presenten como una práctica generalizada entre los médicos. Sostuvo que, si la DIDA dispone de información sobre profesionales que hayan cometido actuaciones ilegales, corresponde identificar los casos y remitirlos a las autoridades competentes, no responsabilizar a todo el sector. Gómez dirigió también sus críticas hacia las ARS, al señalar dificultades para que los pacientes accedan a estudios diagnósticos, medicamentos y tratamientos prescritos por especialistas.
Las sociedades científicas se sumaron. La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI), presidida por la doctora Yori Roque, expresó preocupación por lo que describió como expresiones "generalizantes y descalificadoras" y pidió que cualquier conducta irregular se investigue con el debido proceso, sin extender responsabilidades individuales al conjunto de la profesión. La entidad advirtió que atribuir conductas inapropiadas de forma general al colectivo médico puede afectar la imagen de miles de profesionales y deteriorar la confianza entre médico y paciente, y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo institucional. Por su parte, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) rechazó de manera expresa la frase "robo a mano armada" y reclamó que cada caso se investigue de forma individual.
¿Qué hay detrás de la disputa por los cobros?
Más allá del cruce de declaraciones, el conflicto se ancla en un problema de fondo: cómo se financian los servicios de salud y quién asume las diferencias cuando prestadores y aseguradoras no se ponen de acuerdo. Los médicos y las clínicas reclaman desde hace años tarifas actualizadas; en Santiago, el gremio ha exigido un tabulador único nacional, la indexación periódica de las tarifas, criterios unificados de auditoría y un catálogo que responda a la medicina moderna. La DIDA, en cambio, insiste en que ninguna de esas controversias debe terminar trasladándose al paciente. En el medio quedan los afiliados del Seguro Familiar de Salud, que denuncian cobros adicionales de honorarios, diferencias exigidas directamente y, en algunos casos, negaciones de cobertura.
Para cualquier afiliado que considere que le exigieron un pago superior al que corresponde según su cobertura, la DIDA mantiene abierta la línea 24 Horas 809-472-1900 para presentar reportes.
Nota de este medio: las expresiones e imputaciones recogidas en este artículo se atribuyen a fuentes nombradas. La frase "robo a mano armada" corresponde a una cita atribuida al director de la DIDA según los gremios médicos y no constituye una afirmación de hecho de Noticia.do. Toda persona o institución mencionada se presume actuando conforme a la ley mientras una autoridad competente no establezca lo contrario.
