La diputada por Santiago asegura que respaldó la iniciativa creyendo que resolvería problemas de documentación de dominicanos. El proyecto también contempla una cédula especial para personas cuya nacionalidad no pueda acreditarse.
SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– La diputada por Santiago Dilenia Altagracia Santos Muñoz retiró este martes 10 de noviembre de 2026 su firma y respaldo al proyecto de ley sobre determinación o reconstrucción de identidad y regularización de documentación personal, impulsado por la legisladora Maribel Almánzar de Ogando, al asegurar que inicialmente recibió una explicación sobre sus objetivos que no coincidía con el alcance que posteriormente identificó en el texto.
La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 10 de noviembre, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria. El retiro de respaldo ocurre en medio de una controversia nacional sobre la propuesta, rechazada previamente por la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pese a que su promotora ha defendido públicamente la iniciativa.
Dilenia Santos explica por qué retiró su firma
La congresista santiaguera sostuvo que cuando le solicitaron respaldar el proyecto entendió que estaba destinado a resolver dificultades de ciudadanos dominicanos con sus actas de nacimiento, cédulas de identidad y otros documentos personales.
“Ella nos dijo que le firmáramos el proyecto porque era para ayudar a dominicanos que tuvieran situaciones con su cédula de identidad y electoral”, expresó Santos Muñoz.
Según su explicación, después de examinar la propuesta advirtió que sus disposiciones también podían beneficiar a personas extranjeras con situaciones documentales pendientes.
La legisladora consideró que ese alcance no correspondía con la información que había recibido inicialmente, razón por la cual decidió retirar su apoyo.
En su comunicación, Dilenia Santos Muñoz reiteró su posición en defensa de la soberanía nacional y la dominicanidad, al tiempo que invitó a consultar sus publicaciones en redes sociales para conocer sus planteamientos sobre migración.
La carta fue dirigida a Pacheco por conducto de la secretaria general legislativa, Francisca Ivonne Mota del Jesús, con el propósito de dejar constancia de su decisión.
Las declaraciones de Santos constituyen su versión sobre las circunstancias en que firmó la iniciativa. No establecen, por sí solas, que la diputada proponente haya ocultado deliberadamente información.
¿Qué establece realmente el proyecto de Maribel Almánzar?
La iniciativa, identificada en reportes sobre el expediente legislativo con el número 06435-2024-2028-CD, fue presentada el 1 de octubre de 2026.
Su objetivo declarado es establecer un régimen especial para personas que han utilizado documentación dominicana, pero enfrentan dificultades para renovarla debido a irregularidades en el Registro Civil.
Entre las situaciones contempladas figuran duplicidades de registros, suplantaciones de identidad, falsedad de datos e inconsistencias en actas de nacimiento.
La propuesta atribuye a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de investigar individualmente los expedientes para determinar la identidad y la condición jurídica de los solicitantes.
Uno de sus puntos más controvertidos consiste en que permitiría expedir una cédula especial de identidad a personas que, después de las investigaciones, no logren acreditar la nacionalidad dominicana.
Según el contenido del proyecto descrito en las informaciones publicadas sobre el expediente, ese documento llevaría la inscripción “NO VOTA” y no conferiría nacionalidad dominicana ni derecho a obtener un pasaporte del país.
La documentación especial permitiría acreditar la identidad y realizar determinados trámites civiles, laborales, familiares o administrativos que no exijan la nacionalidad dominicana.
Esta distinción es fundamental: la propuesta contempla una forma de documentación personal para situaciones específicas, pero no establece que todos sus beneficiarios adquirirían automáticamente la nacionalidad dominicana.
Sin embargo, sus disposiciones han generado cuestionamientos sobre los criterios de elegibilidad, los mecanismos de verificación y la relación entre el régimen propuesto y las normas migratorias vigentes.
El proyecto también aborda irregularidades registrales
Otro aspecto que ha provocado debate es el tratamiento de personas cuyos documentos presentan irregularidades de origen.
La iniciativa plantea que la existencia de una irregularidad documental no constituya necesariamente una causa automática de exclusión del procedimiento de revisión.
No obstante, establece que el mecanismo no impediría determinar las responsabilidades legales correspondientes cuando se comprueben actuaciones ilícitas.
También contempla la preservación de determinadas relaciones jurídicas y derechos previamente constituidos, incluidos vínculos familiares, contratos, propiedades y afiliaciones a la seguridad social.
Estas disposiciones buscan atender situaciones de personas que durante años han desarrollado actividades civiles y económicas con documentos expedidos o reconocidos por instituciones dominicanas.
La controversia radica en determinar hasta dónde debe llegar una solución administrativa para esos casos y cuáles garantías deben exigirse para evitar que el procedimiento sea utilizado de manera contraria a la legislación sobre nacionalidad y migración.
PRM rechazó la iniciativa y pidió retirarla
El retiro de la firma de Dilenia Santos se produce después de que la Dirección Ejecutiva del PRM expresara, el 5 de noviembre, su rechazo al anteproyecto presentado por Maribel Almánzar.
La organización oficialista consideró que los procedimientos de regularización documental deben mantenerse bajo criterios rigurosos y respaldó las actuaciones de la Junta Central Electoral.
El vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, comunicó la oposición de la organización y exhortó a la diputada proponente a desistir de la iniciativa.
Por su parte, Eddy Olivares, también vicepresidente del partido, explicó que la propuesta no había sido conocida previamente por los organismos de dirección ni por el bloque legislativo oficialista.
El dirigente Roberto Fulcar también manifestó su desacuerdo con la iniciativa y cuestionó la oportunidad política de presentar una legislación de esa naturaleza.
La posición del partido dejó en evidencia las diferencias internas sobre una propuesta relacionada con documentación, nacionalidad y procedimientos de identificación personal.
Maribel Almánzar defendió su propuesta
Pese al rechazo de su organización política, Maribel Almánzar declaró el 6 de noviembre, durante una entrevista con el programa Despierta con CDN, que no retiraría el proyecto.
La diputada sostuvo que su propósito no es entregar la nacionalidad dominicana a extranjeros, sino ofrecer una respuesta institucional a personas que enfrentan problemas documentales.
También explicó que la iniciativa contempla distintas situaciones jurídicas que deben ser examinadas por la JCE.
Su posición contrasta con la interpretación expresada por Dilenia Santos, quien considera que la propuesta tiene un alcance distinto del que le fue explicado cuando se le solicitó su firma.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si ambas legisladoras han sostenido una conversación posterior para aclarar sus diferencias.
¿Qué relación tiene la propuesta con la Ley 169-14?
El proyecto hace referencia a antecedentes jurídicos relacionados con la nacionalidad y la documentación personal, particularmente la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14.
Esta última estableció un régimen especial para determinadas personas nacidas en territorio dominicano e inscritas irregularmente en el Registro Civil, así como mecanismos vinculados a otras situaciones contempladas por la legislación.
La propuesta de Almánzar plantea atender casos que, según sus fundamentos, no encontraron una solución suficiente mediante los mecanismos anteriores.
No obstante, la existencia de esos antecedentes no significa que el nuevo proyecto tenga los mismos requisitos, beneficiarios o consecuencias jurídicas.
Para determinar su compatibilidad con el marco legal vigente resulta necesario examinar íntegramente sus disposiciones y la posición de las instituciones competentes.
¿Qué ocurre ahora con el proyecto?
El retiro del respaldo de Dilenia Santos representa una nueva manifestación de desacuerdo político con la propuesta.
Sin embargo, retirar una firma no equivale necesariamente a retirar el proyecto completo ni determina automáticamente su archivo.
La situación legislativa dependerá de las actuaciones formales registradas por la Cámara de Diputados y de las decisiones que adopten sus órganos competentes.
También queda pendiente establecer si otros legisladores que respaldaron inicialmente la iniciativa mantienen sus firmas o consideran retirarlas.
La controversia abre, además, un debate sobre la información que reciben los congresistas antes de suscribir propuestas legislativas y sobre la necesidad de examinar el contenido completo de las iniciativas antes de respaldarlas.
Mientras tanto, el proyecto no constituye una ley vigente ni habilita por sí mismo la expedición de nuevas categorías de documentos.
La decisión de la diputada santiaguera añade un nuevo elemento a una discusión que involucra al Congreso Nacional, la Junta Central Electoral, los partidos políticos y las normas que regulan la identidad y la nacionalidad en República Dominicana.
