Denuncia penal por muerte de niña contra colegio Da Vinci
Santo Domingo.-25 DE NOVIEMBRE (Noticia.do).-Lo que debía ser un momento de celebración académica terminó convertido en una tragedia que ha conmocionado a la República Dominicana.
La muerte por ahogamiento de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años, durante una excursión organizada por el Colegio Da Vinci en Santiago, abrió un profundo debate sobre la responsabilidad escolar, el cumplimiento de normas oficiales y la transparencia en las investigaciones relacionadas con menores de edad.
La familia, desesperada ante la falta de respuestas, acudió directamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia penal.
Este caso no solo representa el dolor inconmensurable de una madre que perdió a su única hija, sino que también expone posibles fallas graves en la supervisión, la seguridad y la legalidad de actividades escolares que, según denuncian sus representantes legales, estaban prohibidas por las entidades educativas oficiales.
El objetivo de este artículo es ofrecer una cobertura exhaustiva del caso, explicar las implicaciones legales y analizar, con rigor periodístico y soporte documental, los aspectos que podrían determinar responsabilidades en uno de los episodios más sensibles del entorno educativo reciente en el país.
¿Qué ocurrió durante la excursión escolar en Santiago?
Detalles del accidente y fallecimiento
La excursión tenía como propósito premiar el desempeño académico de varios estudiantes del Colegio Da Vinci. Sin embargo, durante la actividad, realizada en una hacienda de Gurabo con piscina, la menor falleció por ahogamiento. La familia sostiene que no recibió información oportuna ni clara sobre cómo ocurrieron los hechos, lo que aumentó las sospechas de irregularidades.
Según el testimonio de la madre, el colegio la llamó para informarle que su hija “se sentía mal”, pero al llegar al centro educativo ya había policía y ambulancias presentes. Cuatro horas después, le notificaron que la niña había muerto.
Estas contradicciones son parte de las razones que motivaron a la familia a acudir a las autoridades judiciales.
Testimonios iniciales de la familia
La madre, visiblemente afectada, denunció que nunca recibió una explicación coherente sobre el accidente. Su relato ha generado conmoción pública porque asegura que la comunicación del centro fue tardía, imprecisa y, en algunos momentos, contradictoria.
Los abogados de la familia afirman que el colegio ha mantenido un silencio injustificado y no ha entregado voluntariamente documentos o informes relevantes del caso.
Estas presuntas omisiones han sido calificadas por los familiares como “negligencia agravada” por parte de la institución educativa.
Respuesta inmediata del colegio y autoridades
Hasta el momento, el Colegio Da Vinci no ha ofrecido respuestas públicas detalladas. Tampoco se ha divulgado un informe oficial completo de los organismos investigativos. Esto llevó a los familiares a solicitar una apertura formal de la carpeta fiscal para que la PGR tome control del proceso.
La ausencia de información oportuna ha incrementado la presión social y mediática sobre el centro educativo.
El Ministerio Público, por su parte, confirmó que la investigación está en curso y que se recibirán todas las diligencias solicitadas por los familiares.
La denuncia penal presentada ante la Procuraduría General
Motivos de la familia para apoderar a la PGR
La familia acudió a la PGR alegando que el colegio ha ocultado información esencial relacionada con la muerte de la niña. Solicitan que la investigación no quede en manos de autoridades locales, sino que se realice desde el nivel central para garantizar transparencia y rigor.
Entre los reclamos principales se encuentra la entrega de videos, testimonios y documentos médicos del día del accidente.
La PGR fue apoderada formalmente de una denuncia penal contra el colegio y sus ejecutivos.
Solicitud de apertura de carpeta fiscal
Los abogados solicitaron formalmente la apertura de una carpeta fiscal que contenga todos los elementos recopilados hasta la fecha. Esto incluye grabaciones del lugar, declaraciones de testigos, informes preliminares, fichas médicas y cualquier evidencia levantada en la hacienda donde ocurrió la tragedia.
Esta solicitud es un procedimiento especial que permite a la familia tener un rol activo dentro de la investigación.
La apertura de dicha carpeta busca asegurar que no se pierda ninguna evidencia relevante.
Demandas de transparencia e información oficial
Entre las diligencias solicitadas figura el interrogatorio de directivos, profesores y estudiantes que estuvieron presentes en la excursión, siguiendo protocolos especiales para menores de edad.
La familia también pide acceso inmediato a todas las pertenencias personales de la niña, las cuales, aseguran, aún no han sido entregadas.
La intención es que el proceso se realice sin opacidad y que todos los actores involucrados rindan cuentas.
Negligencia y posibles violaciones legales
Prohibición de excursiones por parte del Ministerio de Educación
Uno de los elementos más relevantes del caso es que, según indicaron los abogados de la familia, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) había prohibido este tipo de excursiones o pasadías. De acuerdo con disposiciones vigentes desde la pandemia, los centros educativos deben solicitar permisos especiales y cumplir protocolos estrictos para actividades fuera del plantel.
Organizar una salida sin ese permiso podría constituir una violación directa a la normativa oficial.
Esto añade un componente de posible responsabilidad administrativa para la institución.
Responsabilidad administrativa del centro educativo
El colegio podría enfrentar sanciones administrativas si se demuestra que la excursión no contaba con las autorizaciones requeridas. Además, la escuela tiene la obligación legal de garantizar la seguridad de todos los menores bajo su cuidado.
La ausencia de supervisión adecuada en áreas de riesgo, como piscinas, sería un agravante dentro del marco legal dominicano.
El análisis de responsabilidades incluye tanto a los directivos como a los docentes presentes en la actividad.
Omisiones y falta de protocolo en el cuidado de menores
Los familiares alegan que el centro no cumplió con protocolos básicos de monitoreo y seguridad, especialmente tratándose de estudiantes menores de edad.
La supervisión constante es un requisito obligatorio en actividades extracurriculares, según estándares internacionales y locales.
De confirmarse estas omisiones, podrían derivarse sanciones civiles y penales.
El rol del colegio Da Vinci en la investigación
Postura institucional del centro educativo
Hasta ahora, el centro ha mantenido silencio público, lo que ha generado preocupación y ha levantado sospechas sobre su disposición a colaborar con las autoridades.
No se ha ofrecido una declaración oficial detallada sobre los hechos, los responsables de la supervisión ni el cumplimiento de protocolos internos.
La comunidad exige que el colegio asuma un rol activo en la entrega de información.
Requerimientos de interrogatorios a directivos y profesores
Los abogados han solicitado que se interroguen formalmente a todos los adultos responsables presentes durante la excursión, incluyendo docentes y coordinadores.
También se pidió entrevistar a los compañeros de la menor mediante protocolos especializados para niños.
Estas entrevistas serán clave para entender la secuencia real de los hechos.
Entrega de pertenencias y materiales probatorios
La familia aún espera la entrega de pertenencias personales de la niña, las cuales consideran esenciales para el proceso.
También reclaman el acceso a los videos de seguridad de la hacienda y al informe preliminar de autopsia.
Estos elementos ayudarían a reconstruir el momento exacto del accidente.
Seguridad escolar en República Dominicana
Historial de accidentes en centros educativos dominicanos
En los últimos años, se han registrado varios incidentes relacionados con fallas en seguridad escolar. Expertos señalan que algunos centros públicos y privados no cuentan con protocolos formales para actividades fuera del plantel.
Estos casos han impulsado reformas y discusiones sobre la supervisión infantil.
La tragedia de Stephora Anne-Mircie Joseph abreu un debate urgente sobre el rol de las instituciones educativas.
Regulaciones del Minerd sobre salidas escolares
Las normativas establecen que cualquier actividad fuera del centro requiere autorización oficial, presencia de personal capacitado y medidas de seguridad documentadas.
Las excursiones no autorizadas pueden acarrear sanciones severas para los centros educativos.
Estas disposiciones buscan proteger a los menores y minimizar riesgos.
Demandas sociales sobre mejoras en supervisión y protocolos
Padres y asociaciones han reiterado la necesidad de actualizar protocolos de seguridad, especialmente en actividades con exposición a riesgos.
Expertos recomiendan capacitaciones periódicas para docentes en primeros auxilios y gestión de emergencias.
El caso de Stephora Anne-Mircie Joseph podría convertirse en un punto de inflexión para reformas educativas.
Indicadores de seguridad en actividades extracurriculares
Según UNICEF, al menos el 60% de los accidentes escolares en América Latina ocurren durante actividades extracurriculares o recreativas. Estas cifras evidencian la importancia de supervisar estrictamente a los menores.
Las piscinas representan uno de los principales escenarios de riesgo en menores de 12 años.
Los protocolos internacionales recomiendan una proporción de un adulto por cada 5 niños en actividades acuáticas.
Importancia de la supervisión y cumplimiento normativo
Los expertos coinciden en que la supervisión es un componente crítico para evitar accidentes.
El cumplimiento de normas del Minerd es obligatorio y no opcional, independientemente de la naturaleza de la actividad.
La investigación de la PGR deberá determinar si hubo negligencia, omisión o violación a las regulaciones oficiales.
Búsqueda de verdad, justicia y responsabilidad
La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph ha dejado un vacío irreparable en su familia, pero también una serie de interrogantes que solo una investigación transparente podrá responder. La denuncia penal presentada ante la Procuraduría General representa un paso decisivo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Este caso debería servir para revisar los protocolos escolares, reforzar la supervisión de menores y asegurar que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.
La sociedad dominicana exige verdad, justicia y un compromiso real con la seguridad de los estudiantes. La investigación continúa y el país observa.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué denuncia presentó la familia ante la Procuraduría?
Presentaron una denuncia penal contra el colegio y sus ejecutivos, y solicitaron la apertura de una carpeta fiscal con todas las evidencias del caso.
¿Están permitidas las excursiones escolares en República Dominicana?
Según las declaraciones de los abogados, el Minerd tiene restricciones vigentes para excursiones y pasadías, especialmente sin permisos oficiales.
¿Qué responsabilidades legales podría enfrentar el colegio?
Podría enfrentar sanciones administrativas, civiles y penales si se demuestra negligencia o violación a normativa educativa.
¿Qué exige la familia para continuar la investigación?
Exigen transparencia total, entrega de pertenencias, acceso a videos, informes médicos y entrevistas completas a directivos y docentes.
