SANTO DOMINGO(Noticia.do).-El especialista en seguridad ciudadana Daniel Pou cuestionó las muertes de personas señaladas por la Policía como presuntos delincuentes durante operativos en República Dominicana y sostuvo que esa respuesta no resuelve las condiciones que generan la criminalidad. Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, de CDN, en una entrevista reseñada por el canal el 1 de octubre.
Pou planteó que la seguridad requiere fortalecer la prevención, la investigación criminal, el Ministerio Público y los tribunales. También advirtió que una reducción de los homicidios debe evaluarse junto con otros indicadores de violencia, como las personas heridas y las consecuencias que esos hechos dejan en las familias.
La tasa de homicidios no explica toda la violencia
Durante la entrevista, Pou distinguió entre los homicidios relacionados con actividades delictivas y los originados en conflictos sociales. A su juicio, reducir estos últimos puede mejorar el indicador general sin que ello permita concluir que todos los problemas de delincuencia han disminuido.
Como antecedente, una comunicación de la Policía Nacional publicada el 23 de junio de 2026 recoge que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, atribuyó a conflictos sociales el 59 % de los homicidios registrados en el país. La funcionaria señaló entonces la necesidad de fortalecer la convivencia y la resolución pacífica de diferencias. Ese porcentaje corresponde al corte divulgado en junio.
Pou propuso prestar mayor atención a las lesiones causadas por hechos violentos. Explicó que las víctimas que sobreviven pueden enfrentar daños permanentes y necesidades de cuidado que también deben formar parte de la evaluación de las políticas de seguridad.
Prevención para evitar que otros ocupen el lugar de los muertos
El especialista sostuvo que las intervenciones policiales constituyen una parte de la respuesta estatal. Según su análisis, mientras permanezcan las condiciones sociales y culturales que favorecen el delito, nuevos integrantes pueden sustituir a quienes mueren o son retirados de las estructuras delictivas.
“El delito crea un ecosistema y ese ecosistema crea una cultura”, expresó.
Por ello, defendió programas de prevención en las comunidades, participación ciudadana y evaluación de resultados. También cuestionó la discontinuidad de iniciativas públicas y planteó que las políticas de seguridad deben sostenerse más allá de los períodos de gobierno.
Estima que la transformación policial requiere 15 años
Pou consideró que la reforma de la Policía Nacional exige cambios estructurales y un relevo generacional. Estimó que ese proceso podría tomar al menos 15 años, debido a las resistencias internas y a la persistencia de prácticas que, según afirmó, dificultan la transformación.
Ese plazo es una valoración del entrevistado.
Asimismo, sostuvo que mejorar la actuación policial requiere investigaciones capaces de reunir pruebas suficientes para sustentar los expedientes ante los tribunales. Cuestionó que una persona sea presentada como culpable antes de que se determine su responsabilidad judicial.
Cuestiona el respaldo a muertes sin debido proceso
Pou rechazó lo que denominó “populismo penal”, al referirse al respaldo social a respuestas violentas que prescinden del debido proceso. Advirtió que esas prácticas pueden debilitar la confianza en las instituciones.
Sus cuestionamientos coinciden con un debate nacional sobre la persecución de personas requeridas por la justicia. El jueves 1 de octubre, el presidente Luis Abinader reiteró el llamado a entregarse a quienes tienen órdenes de arresto y anunció que el Gobierno continuará incorporando tecnología, equipos y agentes para fortalecer la seguridad.
El mandatario había formulado un llamado similar durante una rueda de prensa en Santiago, el 14 de septiembre, al referirse a personas vinculadas por las autoridades a un tiroteo en Boca Chica.
Pou insistió en que la prevención necesita la colaboración de la ciudadanía y una respuesta coordinada del sistema de seguridad y justicia.
