SANTIAGO, República Dominicana, (Noticia.do). — Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a dos hombres y una mujer de nacionalidad haitiana tras encontrarlos culpables de formar parte de una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que operaba una ruta desde la frontera con Dajabón hasta el distrito municipal La Canela.
La sentencia, solicitada por el Ministerio Público, fue impuesta contra Wilex Agustín, alias Alex; Majorit Bautista, conocida como Majorie la Morena, y José Ramón De León Gil, alias Pedro. Este último también enfrentó cargos relacionados con robo y usurpación de identidad, de acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía de Santiago.
Datos clave
- Los tres condenados recibieron 15 años de prisión.
- También deberán pagar 150 salarios mínimos del sector público como multa.
- Durante los allanamientos fueron localizados 12 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, incluidos dos menores de edad.
Red operaba desde La Canela
De acuerdo con el expediente preparado por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, la estructura establecía rutas, horarios y mecanismos para evadir los controles migratorios y de seguridad.
La investigación, dirigida por el procurador fiscal Juan Osvaldo García, estableció que los migrantes eran introducidos por la frontera norte con Dajabón y posteriormente trasladados hasta La Canela, en Santiago.
Según el Ministerio Público, los integrantes de la red disponían de una residencia de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano, utilizada presuntamente para alojar y ocultar a las personas que ingresaban irregularmente al territorio dominicano.
Las autoridades sostuvieron durante el proceso que la actividad generaba sumas de dinero en efectivo, aunque el monto no fue determinado.
Encontraron migrantes dentro de vehículos y vivienda
Luego de varias horas de vigilancia, miembros de la Fiscalía, acompañados por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), ejecutaron órdenes de allanamiento en la vivienda.
En el lugar fueron arrestados Agustín y Bautista, mientras que, según el expediente, De León Gil inicialmente logró escapar.
Las autoridades encontraron dentro de una camioneta Toyota y un automóvil Chevrolet cuatro adultos y dos menores de edad de nacionalidad haitiana, quienes carecían de documentación que acreditara su permanencia regular en República Dominicana.
Otros seis migrantes fueron localizados escondidos en habitaciones y en el sótano de la residencia.
Las personas encontradas fueron posteriormente entregadas a la Dirección General de Migración (DGM).
Testimonio fue presentado durante el juicio
La fiscal litigante Jenniffer Rodríguez presentó las evidencias recopiladas durante la investigación, además del testimonio de uno de los migrantes involucrados.
Según informó el Ministerio Público, el testigo explicó ante el tribunal las circunstancias bajo las cuales fue trasladado hacia República Dominicana e identificó a los procesados como personas vinculadas a la operación.
También declaró que había pagado dinero para ser introducido irregularmente al país, aunque la cantidad no fue especificada.
Tribunal acogió solicitud del Ministerio Público
La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los jueces Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos.
Los fiscales sustentaron la acusación en disposiciones de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En el caso de José Ramón De León Gil, el Ministerio Público también presentó cargos vinculados al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con robo de identidad.
La Fiscalía sostuvo que De León Gil utilizó la identidad de otro ciudadano dominicano, situación que habría sido establecida mediante un informe de la Junta Central Electoral (JCE).
Asimismo, fue procesado por disposiciones de la Ley 8-92 relacionadas con la identificación personal y la expedición de cédulas.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal impuso a los condenados el pago de multas equivalentes a 150 salarios mínimos del sector público a favor del Estado dominicano.
Contexto
El Ministerio Público indicó que mantiene activa la persecución de estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en territorio dominicano y afirmó que la sentencia busca servir de advertencia contra quienes obtienen beneficios económicos de esa actividad.
Nota legal
La información sobre los hechos, cargos, evidencias y circunstancias de la investigación corresponde a la versión divulgada por el Ministerio Público. La decisión descrita constituye una sentencia judicial; el comunicado suministrado no especifica si la misma es definitiva o si está sujeta a recursos ante instancias superiores.
