Condena a 30 años por fabricar bebida que mató a cuatro
Un tribunal dominicano impone la máxima pena a un individuo por distribuir bebida adulterada, causando muertes e intoxicaciones
En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la comercialización ilegal de sustancias, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ha dictado una sentencia de 30 años de prisión contra Carlos Alberto Pérez Almonte.
Este individuo fue encontrado culpable de producir y vender la bebida Monday’s sin la autorización del Ministerio de Salud Pública, desencadenando una tragedia en 2021 con cuatro fallecimientos y siete intoxicaciones.
La decisión de los jueces Leonarda Quezada, Sandra Josefina Cruz Rosario y Julio De Los Santos Morla, responde al rigor de la justicia tras validar los argumentos del Ministerio Público. Pérez Almonte, ahora condenado, deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El consumo de esta bebida adulterada resultó fatal para María Magdalena Montero Canario, Dennis Montero, Jennifer Ramírez Montero, y Ruth Esther Ortega Ramírez, mientras que otras siete personas experimentaron graves síntomas de intoxicación. Este caso subraya los peligros de la ingesta de productos ilícitos y la importancia de las regulaciones sanitarias.
El proceso judicial reveló que Pérez Almonte había elaborado y distribuido 100 dosis de Monday’s, sin consideración alguna por la seguridad o calidad del producto, careciendo de las licencias sanitarias obligatorias. Este acto irresponsable tuvo lugar el 3 de abril de 2021, cuando vendió mojitos de diversos sabores en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte, procedente de Santo Domingo Este.
Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a las bebidas incautadas evidenciaron un contenido de 37.3% de metanol, una sustancia altamente tóxica para el ser humano, confirmando así la gravedad de la infracción.
Este caso se juzgó bajo la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 17-19, dirigidas a la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados, además de aplicar los artículos 301 y 302 del Código Penal Dominicano. Este veredicto no solo busca hacer justicia por las víctimas sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de violar las normativas de salud pública y seguridad.
