Codevi suspende operaciones por paro laboral en Juana Méndez

Maxwell Reyes October 9, 2025 12 min de lectura

Paro laboral en la empresa textil Codevi

Dajabón 9 de octubre 2025.-La empresa textil Codevi, ubicada en el parque industrial de la zona franca de Juana Méndez, en la franja fronteriza con Dajabón, mantiene suspendidas sus operaciones para el personal haitiano a raíz de un paro de labores. De acuerdo con el material informativo disponible, la protesta de los operarios se detonó por el aumento de impuestos aplicados al salario, una medida fiscal adoptada por las autoridades haitianas que encendió el malestar en las naves de producción.

El cese de actividades, que afecta el corazón productivo del parque, ha forzado a la compañía a declarar una suspensión indefinida para sus colaboradores haitianos hasta que exista un acuerdo concreto entre el gobierno de Haití y los trabajadores. Este escenario, que combina demanda laboral con presión tributaria, coloca a Codevi y al ecosistema económico fronterizo ante un reto inmediato: restablecer el diálogo sin agravar las pérdidas ni la incertidumbre.

La decisión empresarial también ha tenido efectos operativos colaterales. Mientras no se alcanzan consensos, se informó del despacho de trabajadores dominicanos que laboran en el recinto de zona franca, lo que evidencia el alcance binacional de un conflicto originado del lado haitiano, pero que repercute en la cadena de valor compartida a ambos lados de la frontera.

Causas del conflicto entre trabajadores y autoridades haitianas

La causa inmediata señalada por los trabajadores es el incremento del impuesto al salario. Para los operarios de la industria de confección, el nuevo peso tributario erosiona su ingreso disponible y eleva el costo de vida en un contexto ya presionado por encarecimiento de alimentos, transporte y vivienda. En entornos fronterizos, donde los márgenes familiares suelen ser estrechos, cualquier variación de la carga fiscal se siente con mayor intensidad.

Más allá del detonante fiscal, el paro expresa un reclamo de previsibilidad económica. Los trabajadores argumentan que cambios tributarios abruptos desorganizan su planificación doméstica y generan desconfianza respecto a la estabilidad de sus puestos. La protesta, entonces, opera como un mensaje colectivo: la política impositiva necesita transparencia, gradualidad y diálogo previo con los sectores productivos y laborales.

En paralelo, la empresa queda situada en un delicado equilibrio. Por un lado, debe garantizar condiciones laborales sostenibles para retener talento y cumplir metas de exportación; por otro, enfrenta un marco fiscal externo que no controla. El resultado es un conflicto que sólo puede destrabarse mediante una mesa tripartita: autoridades, sindicato y compañía, con reglas claras y compromisos verificables.

Impacto económico de la suspensión de operaciones

La paralización de una planta textil en un parque de zona franca no es un evento aislado: arrastra una cadena de suministros que incluye corte, costura, abastecimiento de telas e insumos, logística interna, transporte y despacho a clientes. Cada día de paro implica pedidos retrasados, posibles penalidades contractuales y un efecto acumulado en flujos de caja. Las pérdidas cuantiosas mencionadas por la empresa reflejan esa realidad: el tiempo operativo en la industria de confección es oro.

Para la comunidad, el impacto también es tangible. Comercios locales que dependen del consumo de los operarios —colmados, comedores, transporte, servicios— ven reducida su demanda. En el lado dominicano, el despacho temporal de personal implica menos tránsito diario y menor circulación de efectivo en Dajabón y municipios aledaños. En términos macro, se erosiona la reputación de confiabilidad de la plaza para cumplir plazos internacionales, un activo clave para el sector.

A mediano plazo, si el paro se prolonga, puede haber reprogramación de órdenes hacia otras plantas o países, lo que compite directamente con la zona franca. El desafío es contener el impacto con una solución que restaure la operación sin dilatar excesivamente el calendario productivo. En la industria textil, la ventana de entrega con los compradores es estrecha; perderla implica ceder terreno a competidores.

Reacciones de los empleados y la comunidad fronteriza

El sindicato de trabajadores ha optado por abandonar sus puestos como medida de presión, enfocando sus reclamos en la eliminación o revisión de la medida impositiva. La protesta se articula en un mensaje claro: salvaguardar el poder adquisitivo del salario. Esta postura, aunque contundente, también deja espacio para una salida negociada si se habilitan mecanismos de corrección o alivios transitorios acordados entre las partes.

Entre los residentes y comerciantes del entorno, la sensación es de inquietud. La zona franca funciona como pulmón económico, y toda alteración operativa se traduce en menos actividad. De ahí que sectores comunitarios y líderes locales suelan abogar por canales formales de diálogo que eviten escaladas y prioricen la continuidad productiva, sin desconocer las preocupaciones de los asalariados.

En el lado dominicano, el despacho de trabajadores se asume como una medida preventiva hasta tener mayor claridad. No obstante, las comunidades fronterizas —históricamente interdependientes— tienden a buscar estabilidad por encima del conflicto, conscientes de que la frontera es un organismo económico vivo donde comercio, empleo y servicios transitan en ambas direcciones.

Posición de la empresa Codevi y posibles soluciones

La empresa ha comunicado la suspensión indefinida para el personal haitiano mientras se construye un acuerdo concreto entre autoridades y empleados. Aunque no se ha difundido un comunicado oficial ampliado, la línea de acción sugiere tres prioridades: proteger la integridad operativa, mitigar pérdidas y propiciar un marco de negociación que devuelva previsibilidad a la producción.

Entre las rutas de solución posibles, destacan: i) una revisión del esquema tributario que introduzca escalas o umbrales de protección al salario más bajo; ii) la adopción de medidas temporales de alivio —por ejemplo, créditos fiscales o diferimientos— mientras se ajustan las normas; y iii) la instalación de una mesa técnica tripartita para definir mecanismos de monitoreo y evitar futuros choques.

La empresa, por su ubicación y perfil exportador, depende de certidumbre regulatoria. Un acuerdo que armonice recaudación y competitividad laboral es clave para sostener la confianza de clientes internacionales y preservar los empleos formales en la frontera. La transparencia en los tiempos y pasos del proceso será determinante para reconstruir normalidad.

Perspectiva binacional: efectos en Haití y República Dominicana

La dinámica de la frontera norte entre Haití y República Dominicana es única: un parque industrial en suelo haitiano que se nutre de flujos de capital, talento y servicios de ambos lados. Por ello, una variación en el marco fiscal haitiano impacta no sólo a trabajadores y empresas locales, sino también a la economía regional dominicana que comercia con el parque.

Para Haití, el dilema es doble. Por un lado, fortalecer la recaudación es crucial; por otro, debe evitar que medidas fiscales desestimulen el empleo formal o propicien un corrimiento de órdenes hacia otras plazas. Ajustar el impuesto al salario con criterios de progresividad y gradualidad permitiría un balance más sostenible.

Para República Dominicana, la prioridad es preservar la estabilidad del corredor productivo que conecta a Dajabón con Juana Méndez. El despacho de trabajadores dominicanos es un recordatorio de cómo un conflicto del lado haitiano puede traducirse en pérdida de ingresos locales, menor tráfico comercial y tensiones en servicios logísticos. En este tablero, las autoridades dominicanas suelen impulsar la cooperación fronteriza y la seguridad de los flujos, en tanto los actores privados demandan previsibilidad para planificar.

Contexto laboral y fiscal en el sector textil de zona franca

El sector textil opera con márgenes ajustados y calendarios estrictos. Los costos laborales (salarios, cargas sociales, impuestos) y los costos no laborales (energía, logística, financiamiento) se coordinan para cumplir ventanas de entrega de marcas internacionales. Cualquier modificación abrupta en uno de esos renglones genera tensiones que, si no se gestionan, desembocan en paros o suspensiones.

Las zonas francas nacen precisamente para mejorar la competitividad mediante regímenes especiales, estabilidad tributaria y facilidades aduaneras. Cuando una medida impositiva sobre la nómina irrumpe sin amortiguadores, el sistema pierde uno de sus principales atractivos: la certeza de costos. Por eso, en conflictos como el actual, lo recomendable es una revisión técnica del alcance y la progresividad del tributo.

Un marco predecible no significa inmovible. Significa que las reglas cambian con calendarios claros, consulta previa y períodos de transición para que trabajadores, empresas y proveedores ajusten sus presupuestos. En entornos de frontera, donde los ingresos familiares dependen en gran medida del empleo formal de zona franca, la variable estabilidad es parte del salario emocional y económico.

Ruta de diálogo: pasos concretos para un acuerdo

Para destrabar el conflicto, una hoja de ruta razonable pasa por cuatro pasos: (1) instalar una mesa tripartita con representación legítima de sindicato, empresa y autoridades; (2) definir un calendario breve de reuniones con metas por sesión (tributo, transición, verificación); (3) acordar mecanismos temporales de alivio mientras se negocia la solución de fondo; y (4) establecer un comité de seguimiento que audite el cumplimiento y comunique avances a la comunidad.

En paralelo, la empresa puede considerar programas de apoyo —como transporte o comedores— que amortigüen el impacto en caso de demoras, siempre que no sustituyan la responsabilidad primaria del Estado en materia fiscal. Por su parte, el sindicato puede contribuir con protocolos de paz laboral que eviten escaladas durante la negociación.

La comunicación pública es clave. Informes periódicos, con datos comprensibles, reducen rumores y contienen la ansiedad social. Un conflicto mal comunicado tiende a prolongarse; uno con información verificable encuentra más rápido su punto de acuerdo.

Implicaciones para proveedores, clientes y cumplimiento de contratos

Además de la dimensión laboral, la suspensión golpea el eslabón comercial. Los clientes internacionales exigen cumplimiento estricto de tiempos y estándares. Una pausa no planificada obliga a renegociar calendarios de entrega y, en algunos casos, a activar cláusulas de fuerza mayor si la normativa local impide operar. La gestión contractual debe ser proactiva para evitar conflictos legales y preservar la relación con las marcas.

Para los proveedores, el paro supone inventarios inmovilizados, retraso en pagos y ajuste de turnos. Una comunicación transparente con fechas tentativas y prioridades de producción —cuando se reanuden las labores— ayuda a reorganizar la cadena con criterios de equidad (primero, pedidos vencidos; luego, programaciones reescaladas).

Una vez restablecido el ritmo, convendrá ejecutar un plan de recuperación con horas adicionales pactadas, escalonamiento de líneas y, si es viable, subcontratación temporal en naves cercanas para cumplir entregas críticas. Todo ello debe respetar estándares laborales y de seguridad industrial.

Próximos escenarios: qué observar en los próximos días

De cara a la comunidad y a los lectores en República Dominicana, hay cinco indicadores a monitorear: (1) señales de acercamiento entre autoridades haitianas y el sindicato; (2) definición de un esquema tributario transitorio o revisado; (3) tiempos estimados para reactivar las líneas críticas; (4) impacto en importaciones de insumos y logística de exportación; y (5) medidas para proteger el ingreso de las familias trabajadoras mientras se concreta el acuerdo.

Si las conversaciones avanzan, es posible una reapertura escalonada, arrancando con áreas de corte y costura de mayor valor agregado. Si se estancan, la empresa podría prolongar la suspensión para el personal haitiano, manteniendo al mínimo equipos de seguridad y mantenimiento. En cualquiera de los casos, la región requerirá acompañamiento institucional para sostener el tejido económico local.

El mejor resultado será el que combine estabilidad laboral con viabilidad fiscal, resguardando la competitividad del parque y, sobre todo, el sustento de miles de familias que dependen de este circuito productivo.

Conclusión sobre la crisis laboral en Codevi

El paro en Codevi es, ante todo, una señal de alarma sobre la necesidad de previsibilidad en la frontera: previsibilidad tributaria para los trabajadores, previsibilidad operativa para la empresa y previsibilidad social para las comunidades. La suspensión indefinida para el personal haitiano y el despacho de colaboradores dominicanos revelan la profundidad del impacto cuando la política económica y el empleo formal chocan sin amortiguadores.

La salida está en el diálogo tripartito, con datos, calendario y compromisos verificables. Ajustar la carga fiscal con criterios de progresividad y gradualidad permitiría recuperar la operación sin sacrificar la recaudación, mientras se protege el salario real. Es imprescindible, además, una comunicación clara que corte rumores y devuelva certidumbre a proveedores y clientes internacionales.

Llamado a la acción: que autoridades, sindicato y empresa habiliten de inmediato una mesa técnica con metas por sesión y plazos breves. Cada día cuenta para el empleo, la confianza de los clientes y la economía de la frontera. La región de Dajabón–Juana Méndez necesita una solución rápida, justa y sostenible.

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