Caso Super Tucano: Anulación de sentencia y nuevo juicio
El caso Super Tucano, que ha sacudido la República Dominicana, ha dado un giro inesperado. La Corte ha acogido el recurso del Ministerio Público, anulando la sentencia anterior y ordenando un nuevo juicio contra los acusados.
Los implicados son el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y sus asociados, quienes están acusados de recibir sobornos por US$3.5 millones de la empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para favorecerla como proveedora de ocho aviones Super Tucano.
Anulación de la sentencia y nuevo juicio
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha respondido a la solicitud del Ministerio Público, ordenando la celebración de un nuevo juicio. La decisión anula la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que había absuelto a los acusados, incluyendo a Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las empresas 4D Business Group y Magycor.
Reacciones a la decisión de la corte
El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha calificado la decisión de la corte como histórica en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Según Marmolejos, la anulación de la sentencia que absolvía a los acusados del Caso Super Tucano es un paso importante en la lucha contra la corrupción.
El Ministerio Público ha reafirmado su compromiso de no descansar hasta que no haya impunidad en este caso, uno de los más grandes y vergonzosos en la historia de la República Dominicana.
Detalles del recurso de apelación
El recurso de apelación, de unas 125 páginas, fue admitido por los jueces Doris Pujols, Rafael Báez y Carmen Mancebo. El Ministerio Público argumenta que los acusados recibieron sobornos de Embraer para ser seleccionados como proveedores de ocho aviones de combate Super Tucano en 2007.
Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández son acusados de recibir sobornos para la compra de los ocho aviones.
Acusaciones y sanciones propuestas
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos. Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por los delitos que les fueron atribuidos. Además, se solicitó el pago de una multa de US$7 millones. Contra cada una de las compañías, se pidió el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
Un caso en proceso
El caso Super Tucano sigue en desarrollo. Con la anulación de la sentencia y la orden de un nuevo juicio, se abre un nuevo capítulo en este caso de presunta corrupción de alto perfil. La decisión de la corte es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Sin embargo, el camino hacia la justicia aún es largo y está lleno de desafíos.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Caso Super Tucano?
El Caso Super Tucano es un caso de corrupción en la República Dominicana. Se acusa a varios individuos y empresas de recibir sobornos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para favorecerla como proveedora de ocho aviones Super Tucano.
¿Quiénes son los acusados en el Caso Super Tucano?
Los acusados son el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), el empresario Daniel Aquino Hernández, y las empresas 4D Business Group y Magycor.
¿Qué ha decidido la Corte sobre el Caso Super Tucano?
La Corte ha anulado la sentencia anterior y ha ordenado un nuevo juicio contra los acusados.
¿Cuáles son las posibles sanciones para los acusados?
El Ministerio Público ha solicitado al tribunal la imposición de 10 años de prisión para los acusados individuales y el pago de una multa de US$7 millones. Además, se ha pedido una multa de 100 salarios mínimos contra cada una de las empresas implicadas.
¿Qué significa esta decisión para la lucha contra la corrupción en la República Dominicana?
La decisión de la corte es vista como un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Sin embargo, el caso aún está en desarrollo y el camino hacia la justicia es largo.
