Carlos Salcedo: Caso Jet Set fue “precio de la avaricia”

maxwell reyes June 16, 2025 5 min de lectura

Carlos Salcedo sobre el caso Jet Set: “No fue un accidente, fue el precio de la avaricia”

SANTO DOMINGO. — El reconocido jurista Carlos Salcedo, representante legal de varias víctimas del trágico colapso del techo del centro nocturno Jet Set, aseguró que lo ocurrido “no fue un accidente”, sino el resultado directo de la “avaricia empresarial” y la negligencia agravada, al tiempo que anunció acciones legales no solo contra los responsables directos, sino también contra el Estado dominicano por omisión institucional.

Una tragedia evitable, marcada por la codicia

Durante su intervención en el programa matutino donde fue entrevistado, Salcedo fue enfático al señalar que el desplome del techo del icónico centro de entretenimiento no puede verse como una fatalidad fortuita. “Esto fue el precio de la avaricia”, sostuvo. A su juicio, la prioridad de los propietarios fue mantener el negocio funcionando, en vez de realizar las correcciones estructurales necesarias, a pesar de advertencias y evaluaciones previas.

“Se privilegió el ingreso económico por encima del deber de cuidado”, afirmó el abogado, quien lamentó que, pese a la magnitud de la tragedia —235 fallecidos y 189 heridos—, la legislación dominicana contemple penas mínimas para casos de homicidio involuntario por negligencia.

Calificación jurídica: ¿es suficiente el artículo 319?

Carlos Salcedo explicó que la figura penal que se está aplicando actualmente es el homicidio involuntario por negligencia, según el artículo 319 del Código Penal dominicano. Este tipo penal contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión. “No hay forma legal de aplicar sanciones más severas bajo la normativa actual, aunque las circunstancias lo ameriten”, lamentó.

Sin embargo, el jurista adelantó que propondrá reformas legislativas para que hechos como este, marcados por negligencia grave y motivaciones económicas, reciban una calificación penal más acorde con su impacto.

Denuncia obstrucción de justicia e intimidación a testigos

Uno de los elementos más graves señalados por Salcedo es la presunta obstrucción de justicia. El abogado mencionó el caso de Gregory, un empleado que fue supuestamente presionado para modificar su testimonio. “Eso califica penalmente, y debe sumarse a la solicitud de medida de coerción”, indicó.

Asimismo, cuestionó que los responsables hayan intentado influir sobre empleados y testigos clave, y denunció la existencia de un entorno mediático parcial, dado el control de Antonio Espaillat —principal imputado— sobre más de 50 emisoras de radio a nivel nacional.

“Con ese poder, se puede moldear la opinión pública, presionar a testigos, condicionar a jueces. No todos somos iguales ante la ley cuando hay tanto poder mediático y económico”, sentenció.

¿Qué buscan las medidas de coerción?

Salcedo aclaró que las medidas de coerción no son condenas, sino mecanismos para asegurar la presencia de los imputados en el proceso. “En este caso, por la gravedad del hecho, el desprecio por la vida y el riesgo de fuga, solo caben dos medidas: prisión preventiva y domiciliaria”.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para Maribel Espaillat, también implicada. Salcedo considera adecuada esta petición, aunque advierte que en un contexto con tantos recursos e influencia, hasta estas medidas podrían resultar frágiles.

El drama de las víctimas y la ausencia del Estado

A nivel civil, el abogado confirmó que representará a una pareja que perdió a sus hijos en el suceso, y que hay otras posibles contrataciones en curso. Aunque aún no se ha fijado el monto de indemnización, aclaró que “no hay dinero en el mundo que compense una vida humana”, pero que la ley debe permitir al menos cierto grado de resarcimiento.

Denunció además la inacción del Estado dominicano, al señalar que ninguna institución responsable de supervisar construcciones (Obras Públicas, Ayuntamiento, Vivienda, etc.) intervino ante las remodelaciones realizadas en Jet Set sin permisos ni revisiones técnicas.

“El Estado fue omiso. No basta con sancionar a los privados. Demandaremos también al Estado por responsabilidad patrimonial como lo establece la Constitución”.

Reformas legales y daños resarcibles

El jurista hizo un llamado a que esta tragedia impulse cambios legales que permitan sancionar con mayor severidad este tipo de hechos. Propone una revisión profunda del Código Penal para tipificar figuras como homicidio agravado por lucro o negligencia empresarial grave.

En cuanto a los daños económicos, señaló que no existe en República Dominicana un parámetro unificado para establecer compensaciones por muerte o lesiones. “He tenido casos donde una vida ha sido valorada en 500 mil pesos, en otros en 5 millones. Es hora de tener una guía justa y objetiva”, planteó.

Próximos pasos en el proceso

Finalmente, explicó que tras conocerse la medida de coerción este miércoles, el proceso pasará a una fase de investigación más profunda, donde se irán sumando víctimas como partes civiles y se fortalecerá la acusación. La audiencia preliminar será la siguiente etapa, en la que se decidirá si el caso va a juicio de fondo.

Salcedo insiste en que “no se puede permitir que este caso quede impune ni en lo penal ni en lo civil”, y que se trata de un precedente para toda la sociedad dominicana.