Caso Esmeralda Moronta: fiscal del DN explica el protocolo

Por Maxwell Reyes | Noticia.do

SANTIAGO.-La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió este miércoles el protocolo que el Ministerio Público aplica a las víctimas de violencia de género y explicó por qué las autoridades no pueden retener a una mujer en una casa de acogida, incluso cuando el riesgo de muerte es evidente. Sus declaraciones llegan en medio de la indignación nacional provocada por el feminicidio de Esmeralda Moronta de los Santos, asesinada el 13 de mayo de 2026 a pocas cuadras de la fiscalía de Santo Domingo Este minutos después de denunciar a su expareja.

El caso Esmeralda Moronta expone las grietas de un sistema de protección que, según la fiscal Ramos, no puede actuar si la víctima no acepta la ayuda: "Yo no puedo obligar a una mujer a llevarla a una casa de acogida. A veces ella no la toma porque implica irse con los hijos, dejar el trabajo, dejar su casa. Es un cambio de estructura importante", sostuvo durante una entrevista en el programa Hoy Mismo. Sus palabras sintetizan la tensión estructural que subyace a los 32 feminicidios registrados en República Dominicana en lo que va de 2026.

El protocolo paso a paso

Según Ramos, cuando una mujer llega a denunciar, el Ministerio Público activa un checklist de protección: primero, una evaluación psicológica que sirve como elemento de prueba ante un juez; luego, si el agresor está armado, se solicita una orden de allanamiento o se le llama para requerir la entrega voluntaria del arma; y finalmente, si la fiscal detecta riesgo real, se ofrece la casa de acogida. Pero cada paso requiere tiempo: "Si no hay un asunto flagrante, necesito un espacio para solicitar la orden de arresto y luego ejecutarla. Durante ese tiempo, lo que busco es ponerla en protección", explicó la magistrada.

En el caso de Esmeralda, ese tiempo no existió. Esmeralda Moronta acudió a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este —cuya jurisdicción corresponde al magistrado Milciades— junto a una amiga, presentó su denuncia y rechazó el refugio. Una hora después, Omar Tejeda Guzmán la esperaba armado detrás de su vehículo en la calle Puerto Rico. La persiguió hasta un colmado del sector Alma Rosa I, donde la asesinó. Luego se quitó la vida con la misma arma.

El teléfono como herramienta de control

Sobre cómo Tejeda Guzmán pudo conocer en tiempo real la ubicación de la víctima, la fiscal Ramos aclaró que no necesariamente se trató de un dispositivo GPS externo: "Hay personas que regalan un celular y se quedan con el control de la localización. Hasta los mensajes de WhatsApp les llegan a ellos también. Es un control real", señaló. Este patrón de vigilancia tecnológica es identificado por el Ministerio Público como parte de los ciclos de acoso previos al feminicidio y forma parte de los elementos que los fiscales deben documentar desde la primera denuncia.

Mayo, el mes más peligroso

Ramos también reveló un dato que el sistema de justicia maneja internamente pero que rara vez se comunica de forma explícita: mayo es históricamente el mes con mayor concentración de feminicidios en el país. "Siempre estamos esperando que van a subir", admitió. Para el Distrito Nacional, la tasa de homicidios general se ubica actualmente en 10.5 por cada 100,000 habitantes, por encima del cierre de 2025, precisamente porque enero arrancó con feminicidios que no se habían registrado en el mismo período del año anterior.

La magistrada también abordó un fenómeno que resulta incómodo de reconocer públicamente: cuando un feminicidio recibe cobertura masiva, pueden presentarse casos similares bajo condiciones parecidas. "No entendemos del todo por qué, pero cuando se le da mucha publicidad a un feminicidio, por lo regular se motivan y replican bajo las mismas condiciones", advirtió. Es un patrón documentado en estudios internacionales sobre contagio de violencia, y ya ha sido identificado en España.

Un sistema con 49 fiscales menos

El trasfondo institucional que dificulta la respuesta del Estado es también alarmante. Solo en el Distrito Nacional, el Ministerio Público opera actualmente con 49 fiscales menos que en 2018, cuando contaba con 151. Hoy son 102. "Me van a entrar seis fiscales, pero cuando te hacen falta 49 y tienes fiscales enfermos…", lamentó Ramos. A esto se suma que en septiembre de 2026 vencen las titularidades de fiscales en todo el país, sin que exista aún un plan de pensiones que permita a quienes quieran retirarse hacerlo con garantías mínimas.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ha ordenado una investigación para determinar si la Unidad de Santo Domingo Este cumplió con todos los pasos del protocolo en el caso Esmeralda Moronta. Para Ramos, la reflexión va más allá: "Esto no se resuelve solo con leyes. La violencia tiene raíz cultural. Mientras no eduquemos a nuestros hijos e hijas en otro contexto, vamos a seguir luchando contra algo que viene de muy adentro."