Datos clave
29 condenados- Etapa procesal: sentencia en primera instancia (sujeta a recursos)
- Fecha del fallo: madrugada del martes 16 de junio de 2026
- Tribunal: Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
- Órgano acusador: Ministerio Público (Pepca / Dirección General de Persecución)
- Lectura íntegra: 14 de agosto de 2026, 2:00 p. m.
SANTO DOMINGO, (Noticia.do).-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 29 personas en el caso Coral y dictó 20 años de reclusión mayor contra el mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, en un fallo leído en la madrugada de este martes tras un juicio por corrupción administrativa derivado de las operaciones Coral y Coral 5G.
El caso Coral es el proceso mediante el cual el Ministerio Público acusó a una red que, entre 2012 y 2020, habría desviado fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Junto a las penas de 20 años, el tribunal impuso condenas de 15, 10, 5 y 3 años a los demás procesados, además de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos del sector público. La lectura íntegra de la sentencia quedó pautada para el 14 de agosto, a las 2:00 de la tarde.
A los tres principales condenados se les fijó, además, una multa de 400 salarios mínimos. El tribunal sentenció a 15 años de prisión al general Julio Camilo De los Santos Viola y a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como "la pastora", con multas de 400 y 300 salarios mínimos, respectivamente.
Puntos clave
- 20 años de reclusión a Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza.
- 15 años para el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Guzmán, "la pastora".
- Seis empresas vinculadas a la trama fueron disueltas por el tribunal.
- Seis personas y una iglesia resultaron absueltas, con votos disidentes.
Penas de 10 años recayeron sobre la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, el mayor policial José Manuel Rosario Pirón, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
Otros procesados recibieron condenas de cinco y tres años, entre ellos el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Epifanio Peña Lebrón, Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Raymel Pastor del Rosario Viola.
El tribunal también ordenó la disolución y el pago de multas de 200 salarios mínimos a seis empresas vinculadas a la trama: CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Aluminium, Rawel Importadores, R & F Agroindustrial y Hacienda Kelman.
"Es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal."— Wilson Camacho, procurador adjunto, Dirección General de Persecución del Ministerio Público
En sentido contrario, las juezas dictaron un fallo absolutorio —con votos disidentes— a favor de Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo. El tribunal rechazó, además, la solicitud de 26 imputados que pedían declarar la extinción de la acción penal.
Según la decisión, con el dinero sustraído de las nóminas los integrantes de la estructura adquirieron bienes. El tribunal determinó que existían pruebas suficientes de la participación de los principales condenados en la sustracción de fondos del Cestur y el Cusep. La acusación sostuvo, además, que parte de esa estructura se intentó trasladar al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), algo que, según las juezas, quedó acreditado con las pruebas aportadas.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión como "histórica" y como "una victoria del Ministerio Público". Representó al órgano acusador junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y un equipo de fiscales.
El fallo fue dictado por las juezas Giselle Méndez, quien presidió el tribunal, Tania Yunes y Jissel Naranjo. En total fueron enjuiciados 36 imputados —26 personas físicas y 10 jurídicas— en un juicio que inició el 27 de junio de 2024. La decisión corresponde a un fallo de primera instancia.
Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.
