¿Qué dice la ADP? La Asociación Dominicana de Profesores reporta 1,724 agresiones a docentes en el año escolar en curso y 22,000 casos de violencia entre estudiantes. El Ministerio de Educación evalúa reforzar equipos de manejo de conflictos y ampliar la presencia de la policía escolar en los planteles. La Ordenanza 5-2023 es cuestionada por gremios docentes por priorizar derechos estudiantiles sin establecer mecanismos de protección al magisterio.
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO.-El semanario Camino, publicación católica que circula cada fin de semana en las iglesias de todo el país, dedicó su más reciente editorial a la violencia en las escuelas de República Dominicana y al deterioro de la relación entre maestros y estudiantes. El texto, distribuido este sábado y domingo en las parroquias nacionales, llega en un momento en que la crisis educativa ocupa el centro del debate público: la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reporta 1,724 agresiones a docentes en lo que va del año escolar, además de 22,000 casos de violencia registrados entre estudiantes.
Según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en el año escolar en curso se han registrado 1,724 agresiones de estudiantes a docentes y 22,000 casos de violencia entre estudiantes en los centros educativos dominicanos. El gremio señala que la pérdida de autoridad del maestro tiene raíces en el debilitamiento de la autoridad familiar y en normativas como la Ordenanza 5-2023, que no establece mecanismos efectivos de protección al profesorado. El Ministerio de Educación evalúa medidas preventivas que incluyen refuerzo de equipos de conflictos y mayor presencia de policía escolar.
"Hoy tenemos la triste realidad de ver cómo el maestro pierde la autoridad, ante alumnos que se sienten protegidos por un sistema educativo que desautoriza al maestro para corregir el mal comportamiento", advierte el editorial del semanario titulado "La La Escuela que necesitamos". La publicación señala que hay docentes que sienten miedo de estar en las aulas, porque las agresiones contra ellos se repiten con mucha frecuencia.
El diagnóstico de Camino coincide con lo que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, ha planteado públicamente: el deterioro comenzó cuando se debilitó la autoridad en el hogar, y esa pérdida de respeto hacia las figuras familiares se trasladó directamente al entorno escolar. Un caso que encendió las alarmas fue la agresión al profesor Naony Anderson Solano en el Liceo Juan Pablo Duarte, de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, hecho que el propio gremio docente denunció como normalizado por la ausencia de una respuesta institucional contundente.
La Ordenanza 5-2023 en el banquillo
Parte del problema, según dirigentes del magisterio, está en la Ordenanza 5-2023, que priorizó los derechos estudiantiles sin establecer deberes claros ni mecanismos efectivos de protección para el profesorado. "Hoy el maestro se siente amenazado y sin respaldo institucional", declaró Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones de la ADP, al denunciar que las agresiones provienen tanto de estudiantes como de padres y madres de familia.
Ante la escalada, el Ministerio de Educación (Minerd) presentó propuestas ante el Consejo Nacional de Educación orientadas a reforzar los equipos de manejo de conflictos en los planteles y ampliar la presencia de la policía escolar. El ministro Luis Miguel De Camps también planteó condicionar el cobro del bono estudiantil al cumplimiento de la asistencia y el comportamiento dentro de las aulas.
La escuela que necesitamos
El editorial de Camino no se queda en el diagnóstico. Propone una escuela donde se cultiven el amor al trabajo, la disciplina, la puntualidad, la honradez, la solidaridad, la vocación de servicio y una cultura de paz. "Solo así tendremos la patria que tanto anhelamos", concluye el texto, que interpela directamente a las familias, los educadores y las autoridades dominicanas.
La violencia en las escuelas de República Dominicana no es un problema aislado. Es el reflejo de una crisis que atraviesa el hogar, la sociedad y las instituciones. Resolverla exige que cada actor asuma su responsabilidad: la familia que forma, el Estado que respalda y la escuela que educa.
