Báez Figueroa exige investigación liquidación Baninter
Ramón Báez Figueroa solicitó una investigación penal
El otrora presidente del extinto Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, ha interpuesto una denuncia formal y solicitado una investigación penal en la Procuraduría General respecto al procedimiento de liquidación del mencionado banco.
Demanda de inmovilización de activos
Báez Figueroa ha solicitado la inmovilización inmediata, además de oponerse a cualquier entrega, pago o transferencia de activos pertenecientes a Delta Comercial y entidades asociadas, bajo alegaciones de lavado de activos.
Asimismo, ha establecido un embargo retentivo u oposición por una cifra inicial de US$90 millones contra sus demandantes, que incluyen tanto a individuos como a empresas.
Procedimiento legal en marcha
La acción legal fue iniciada por Báez Figueroa el 9 de octubre en curso, siendo notificados los acusados el día 23, mediante el abogado constituido y apoderado especial de Báez Figueroa, el licenciado Rafael Melgen Semán. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la directora de Persecución de la PGR, Yeni Berenice Reynoso.
Solicitudes al órgano de persecución
El empresario insta al órgano de persecución que, conforme al artículo 279 y subsiguientes del Código Procesal Penal (CPP), se active la acción pública y se inicie la investigación preparatoria contra varios individuos y empresas mencionadas.
Entre los señalados se encuentran José Antonio Najri, Marcial Najri, José Lois Malkun, Apolinar Veloz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, y otros, además de las empresas Júpiter Motors, S. A., Safari Motor S.A, Grupo Najri, Delta Comercial, S.A., y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
También insta a investigar al actual gerente y al Contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, respectivamente.
Reflexión sobre el pasado
En su querella, Báez Figueroa revoca los sucesos de 2003, cuando Baninter fue intervenido por las autoridades financieras, la acusación y condena a sus principales ejecutivos por supuesto desfalco, y el acuerdo que le permitió obtener la libertad condicional tras servir cinco años de su condena de diez años.
Exigencia de investigación exhaustiva
Diez años después, Báez Figueroa solicita a la Procuradora General Miriam Germán, la ejecución de una «exhaustiva investigación penal» bajo la sospecha legítima de que hubo una gestión irregular de aproximadamente US$80 millones por parte de la comisión liquidadora de los activos del banco.
Búsqueda de responsabilidades
Desea que, a través de la investigación, la PGR determine la responsabilidad civil y penal de cada uno de los acusados, tanto personas físicas como jurídicas, así como de aquellos funcionarios públicos que, “a sabiendas de los hechos denunciados, han mantenido silencio en detrimento del patrimonio de Baninter y del pueblo dominicano”.
Condiciones previas a la libertad condicional
La denuncia, notificada a las partes mediante acto de alguacil, expone que a Báez Figueroa “siempre le resultó muy cuesta arriba aceptar” que, para obtener una variación en la modalidad de cumplimiento de su condena, una de las principales exigencias impuestas por las autoridades del Banco Central fue que otorgara un descargo anticipado al proceso de liquidación de Baninter y a favor de los funcionarios y autoridades del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria y los miembros de la comisión de liquidación de Baninter, a pesar de que la liquidación no había concluido aún.
Reflexiones Finales
Báez Figueroa, quien fue liberado bajo libertad condicional en 2013, también fue condicionado a “aceptar los resultados de la liquidación y las acreencias resultantes en su contra” sin que el proceso se haya auditado ni rendido cuentas. En este sentido, busca un esclarecimiento completo y justicia en el manejo de los asuntos relativos a la liquidación de Baninter.
