Arresto domiciliario para sacerdote acusado de abuso sexual en RD

Maxwell Reyes October 2, 2025 8 min de lectura

Prisión domiciliaria sacerdote imputado

Santiago.-Un tribunal de Santiago Rodríguez impuso arresto domiciliario, una garantía económica y el impedimento de salida del país contra el sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de abuso sexual. La jueza adoptó esta decisión tras considerar que existían suficientes elementos para aplicar medidas restrictivas de libertad, garantizando así la continuidad del proceso judicial.

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva en un centro penitenciario, sin embargo, la magistrada optó por aplicar medidas menos gravosas, aunque con un fuerte componente restrictivo para evitar riesgos de fuga o interferencia en la investigación.

Además, el tribunal dispuso medidas de protección a favor de la víctima y de sus familiares, en reconocimiento al impacto emocional y social que suelen enfrentar quienes denuncian este tipo de delitos.

Detalles de las medidas de coerción

La decisión judicial establece que el sacerdote deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación. Asimismo, deberá cumplir con una garantía económica equivalente a 500 mil pesos dominicanos, asegurada mediante una compañía aseguradora.

Estas medidas buscan equilibrar la protección de la víctima y la presunción de inocencia, asegurando que el imputado no pueda obstaculizar el proceso judicial.

Garantía económica impuesta al sacerdote

La garantía económica de medio millón de pesos es una de las medidas más relevantes. Este tipo de disposición obliga al imputado a cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal y evita que se dé a la fuga.

De incumplirse, la aseguradora deberá responder por el monto fijado, generando un compromiso financiero que asegura la sujeción al proceso.

Impedimento de salida del país

El sacerdote Peña Sánchez no podrá salir de la República Dominicana mientras dure el proceso. Esta medida busca prevenir cualquier intento de evadir la justicia a través de viajes internacionales.

En muchos casos, el impedimento de salida es clave para garantizar que el imputado enfrente el juicio y las investigaciones correspondientes en el país.

Caso de abuso sexual en Santiago Rodríguez

El caso contra Peña Sánchez surge de denuncias públicas realizadas por varias presuntas víctimas, quienes señalaron que fueron agredidas sexualmente desde que eran menores de edad. La primera denuncia formal se interpuso en septiembre de 2025, lo que dio inicio a las investigaciones judiciales.

El sacerdote habría aprovechado su rol dentro de la comunidad religiosa para acercarse a las familias y ganarse la confianza de sus miembros. Según testimonios, utilizaba su posición de autoridad espiritual para manipular y someter a las víctimas.

Antecedentes de las denuncias

Dos mujeres denunciaron haber sido agredidas desde los 12 y 14 años, respectivamente, y afirmaron que los abusos continuaron durante varios años, incluso en la adultez. Estos testimonios aportaron detalles consistentes sobre cómo se habrían producido los hechos.

Las denuncias generaron un fuerte impacto social en el municipio de Villa Los Almácigos, donde el sacerdote se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Perfil del sacerdote imputado

Ancelmo Alejandro Peña Sánchez era una figura conocida en la provincia, especialmente por su rol pastoral en comunidades rurales. Sin embargo, las acusaciones han marcado un antes y un después en la percepción de la feligresía y en la confianza hacia la institución religiosa.

La investigación apunta a que el sacerdote utilizaba su proximidad con los hogares de las víctimas para generar un ambiente de confianza y posteriormente cometer los abusos.

Declaraciones de las víctimas

Las víctimas han coincidido en señalar que el sacerdote recurría a amenazas, manipulación y presión psicológica para mantener el control sobre ellas. Estos patrones de comportamiento son característicos en casos de abuso sexual cometidos por figuras de autoridad.

El testimonio de una de las víctimas, presentado ante el tribunal, indicó que los hechos comenzaron cuando ella tenía 14 años y se extendieron hasta la adultez.

Decisión del tribunal y fundamentos legales

El tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción presentada por la defensa. La jueza consideró que se trataba de un hecho presuntamente continuado, lo que impide declarar la prescripción en este punto del proceso.

Asimismo, el tribunal aplicó la normativa vigente en materia de delitos sexuales, amparándose en disposiciones del Código Penal y en leyes de protección de menores.

Rechazo a la extinción de la acción penal

La defensa argumentó que los delitos habían prescrito. Sin embargo, el tribunal desestimó esta solicitud al no establecerse con claridad la fecha de cese de la presunta infracción.

Calificación jurídica de los hechos

Los hechos fueron calificados bajo los artículos 309-1, 330, 331, 333-1, 333-2 y 332 del Código Penal, que sancionan la agresión, violación y acoso sexual. También se invocó el artículo 396 de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Rol de la jueza Norma Zapata

La jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, fue quien dictó las medidas coercitivas. Su decisión fue fundamentada en la gravedad de los hechos y en la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas.

Investigación del Ministerio Público

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la protección de las víctimas y anunció que continuará ampliando las pesquisas. Las autoridades subrayaron que este tipo de casos requieren un manejo sensible y riguroso para evitar la revictimización.

Allanamientos y pruebas incautadas

Durante la investigación se realizaron allanamientos en propiedades del sacerdote, en los que se incautaron fotografías de víctimas y diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos, memorias y DVD. Estos elementos serán analizados como parte de la investigación.

Compromiso con las víctimas

La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, aseguró que el caso se maneja con el rigor que exige la naturaleza de los hechos. Resaltó que la prioridad es garantizar justicia y apoyo a las víctimas.

Ampliación de las pesquisas

El Ministerio Público indicó que podrían surgir nuevos imputados o víctimas en el marco de la investigación. Por ello, se trabaja en la verificación de testimonios adicionales y en la recolección de pruebas complementarias.

Sobre el arresto domiciliario sacerdote acusado

El caso del sacerdote Ancelmo Alejandro Peña Sánchez evidencia la importancia de aplicar medidas judiciales firmes ante denuncias de abuso sexual. La prisión domiciliaria, el impedimento de salida del país y la garantía económica representan un paso en el proceso de búsqueda de justicia.

El Ministerio Público ha dejado claro que continuará profundizando en las investigaciones, garantizando que las voces de las víctimas sean escuchadas y protegidas. Este caso refleja un compromiso creciente en la República Dominicana por enfrentar de manera decidida los delitos sexuales.

La sociedad espera que el proceso judicial avance con transparencia y que se sienten precedentes para proteger a los más vulnerables frente a situaciones de abuso en espacios de confianza.

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