Amenazar a un juez tendrá cárcel con el nuevo Código Penal

SANTIAGO.-Amenazar o intimidar a un juez, fiscal o alguacil se convertirá en un delito sancionado con prisión cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal dominicano, contenido en la Ley 74-25 y previsto para agosto de 2026. La figura busca castigar a quien presione a una autoridad judicial con el propósito de influir en sus decisiones o declaraciones.

La nueva tipificación fue analizada por el abogado César Amadeo Peralta, quien sostiene que la conducta de amenazar a un juez quedará castigada con una pena de 2 a 3 años de prisión menor y una multa equivalente a entre 9 y 15 salarios mínimos del sector público. La protección, explica, no se limita a los jueces: alcanza también a los miembros del Ministerio Público, a los alguaciles y a cualquier persona que ejerza una función jurisdiccional, así como a árbitros, peritos e intérpretes que intervengan en un proceso.

¿Qué conducta castiga el nuevo Código Penal?

De acuerdo con el análisis del jurista, el delito se configura cuando una persona intimida o amenaza a una de esas autoridades en ocasión de sus funciones oficiales, con la intención de torcer una decisión o una declaración. Es una situación frecuente en los tribunales, donde actores del proceso —incluidos imputados— a veces intentan presionar a jueces, fiscales y alguaciles, dentro o fuera de la sala de audiencias.

El Código Penal vigente, heredado de 1884, no contemplaba esta conducta como una figura autónoma. La Ley 74-25, promulgada por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025, incorpora decenas de delitos nuevos y endurece sanciones, dentro de un esfuerzo por modernizar el sistema penal dominicano tras más de un siglo sin reforma integral.

¿Qué otras consecuencias puede acarrear?

Peralta advierte que la pena podría agravarse con la figura del cúmulo de penas, es decir, cuando a la amenaza se suman otros tipos penales en un mismo hecho. A ello podrían añadirse una indemnización por los daños y perjuicios a la autoridad afectada, el pago de las costas del proceso y penas complementarias, como la suspensión temporal o definitiva del ejercicio de ciertas funciones.

El abogado recuerda, además, un principio básico del derecho dominicano: la ley se reputa conocida por todos una vez entra en vigencia, conforme al artículo 1 del Código Civil. En la práctica, eso significa que nadie podrá alegar desconocimiento de la nueva figura penal una vez que la Ley 74-25 surta efecto en 2026.

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

El nuevo Código Penal no aplica todavía. La norma estableció un período de transición (vacatio legis) de doce meses, por lo que sus disposiciones —incluida la sanción por amenazar a operadores de justicia— comenzarán a regir en agosto de 2026. Hasta entonces, los hechos siguen rigiéndose por la legislación anterior.

Maxwell Reyes | Noticia.do