SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, propuso modificar el sistema constitucional que somete a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a una evaluación de desempeño cada siete años, al considerar que ese mecanismo puede afectar la independencia de los magistrados.
La propuesta surge mientras el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) desarrolla el proceso para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte, para el cual permanecen 88 postulantes preseleccionados, luego de que dos de los 90 inscritos fueran excluidos durante la revisión de expedientes.
Álvarez Valdez sostuvo que existe espacio para alcanzar consenso en torno a una eventual modificación del modelo.
“Estamos completamente de acuerdo con modificar el sistema. Eso es lo primero. Ahí vamos a tener mucho consenso”, afirmó.
Durante una entrevista con el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, el abogado cuestionó que la permanencia de los jueces de la Suprema dependa periódicamente de una decisión del CNM.
“Hoy día tenemos ese sistema pernicioso que hace que cada siete años el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna como espada de Damocles para ver quién se portó bien y quién se portó mal y entonces decidir si continúan o no continúan en la Suprema Corte de Justicia”, expresó.
Constitución establece evaluación cada siete años
El mecanismo cuestionado por Álvarez Valdez está vigente. Los jueces de la Suprema Corte son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura y están sujetos a una evaluación de desempeño al término de siete años, tras la cual pueden ser confirmados para un nuevo período.
El actual proceso constituye un ejemplo de esa disposición. El pasado 8 de septiembre, el CNM confirmó por otros siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico. Con esa decisión quedaron seis posiciones vacantes en el alto tribunal.
Álvarez considera que una futura reforma constitucional debería sustituir ese esquema por uno en el que los magistrados permanezcan en sus cargos hasta alcanzar la edad de retiro, salvo las causas legales que pudieran provocar su salida.
“Prefiero otro sistema que es el que teníamos antes del 2010, que es que los jueces de la Suprema Corte y de las altas cortes permanezcan en sus funciones mientras no les llegue la edad de retiro”, manifestó.
Plantea reforzar presencia de mujeres en la Suprema
Otro de los puntos señalados por el coordinador de Participación Ciudadana fue la representación femenina en la próxima integración de la SCJ.
Actualmente, de los 11 puestos cuya continuidad ya está definida, nueve corresponden a hombres y dos a mujeres. Las magistradas que permanecen son Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Vásquez Castro. Para recuperar las cinco mujeres que tenía la Suprema antes del actual proceso, el CNM tendría que escoger al menos tres mujeres entre las seis vacantes.
Álvarez consideró que el Consejo debe tomar esa circunstancia en cuenta durante la selección.
La Constitución no establece específicamente que deban escogerse tres mujeres para estas vacantes. Lo que dispone el artículo 39.5 es que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres, entre otros ámbitos, en la administración de justicia.
Cinco vacantes corresponderían a carrera judicial
Álvarez también llamó la atención sobre la procedencia de los futuros magistrados.
La legislación que regula la selección de los jueces de la Suprema establece que tres cuartas partes deben proceder de la carrera judicial, mientras la cuarta parte restante puede ser escogida entre profesionales del derecho, académicos o integrantes del Ministerio Público.
Con la composición que permanecerá en el tribunal, cinco de las seis posiciones pendientes corresponderían a integrantes de la carrera judicial y una podría ser cubierta por una persona procedente de fuera de ella.
Álvarez destacó este aspecto debido a que los 88 preseleccionados no compiten necesariamente en igualdad de condiciones por las seis posiciones, pues la procedencia profesional limita el número de puestos disponibles para quienes no pertenecen a la carrera.
También cuestiona período de dos años del procurador
El dirigente de Participación Ciudadana vinculó su planteamiento con el modelo adoptado para la Procuraduría General de la República en la reforma constitucional de 2024.
La Constitución establece actualmente un período de inamovilidad de dos años para el procurador general y los procuradores adjuntos designados por el CNM, quienes pueden ser confirmados al concluir ese período.
Álvarez cuestionó también ese esquema por considerar que una eventual ratificación puede generar dependencia respecto del órgano que debe decidir sobre la continuidad del funcionario.
La discusión se produce en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura avanza hacia la fase de selección de la nueva composición de la Suprema Corte, incluida la persona que deberá asumir la presidencia del máximo tribunal.
