miércoles, octubre 21Noticias República Dominicana de ultima hora

Alcaldes, regidores, jueces y funcionarios eran proveedores del Estado

Se trata de 113 alcaldes y regidores, 2 jueces y 4 funcionarios

Carlos Pimentel
Carlos Pimentel

SANTO DOMINGO.-En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de un grupo de 113 alcaldes y regidores y 2 jueces.

En esta primera sesión, también se suspendieron otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre que, a través de un comunicado de prensa, advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

También te puede interesar  Tiros Libres de Fellito Ortíz

Entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado  para  suplir  bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.

El Director General de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.

“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.

También te puede interesar  Indagan celular santiaguero mató musulmanes

En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto el Director General de la DGCP, como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.

“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.